SANTO DOMINGO.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), solicitó a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) iniciar una investigación exhaustiva con respecto a las denuncias de irregularidades cometidas por 17 exfuncionarios en el proceso de aprobación del Aeropuerto Internacional de Bávaro.

Julio César De la Rosa Tiburcio, presidente de ADOCCO, se refirió al tema al ser cuestionado sobre las dos denuncias que la Corporación Aeroportuaria del Este ha depositado ante el PEPCA contra 17 exfuncionarios por haber cometido una serie de irregularidades en todo el proceso de aprobación de ese aeropuerto, como fue otorgarlo sin una licitación, en un tiempo récord y sin los estudios técnicos correspondientes, sólo con información amañada y parcializada de la parte interesada.

“Nosotros como entidad de la sociedad civil hacemos un llamado a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa a que obtempere a darle curso a estas denuncias y se establezcan las responsabilidades de lugar”, señaló.

Calificó como sospechoso que se hayan otorgado los permisos de operación de este aeropuerto en un tiempo récord, ya que “se puede advertir que el período para la entrega de un permiso de explotación de operación de una obra de esta naturaleza, debe hacerse en un tiempo razonable y, sobre todo, haciendo todos los análisis pertinentes”.

“Por ello, entendemos que debe el PEPCA darle respuesta efectiva a lo que ha sido la presentación de esta denuncia y que se establezca la responsabilidad de cada uno de los servidores públicos que, teniendo en sus manos el otorgar los permisos correspondientes, lo haya hecho de manera irregular”, enfatizó.

De la Rosa Tiburcio lamentó que el Ministerio Público aún no haya dado respuesta a las dos denuncias presentadas formalmente ante el PEPCA.

“Es muy lamentable que el Ministerio Público no haya obtemperado ante la presentación de las denuncias hecha por una entidad moral que tiene a sus representantes, quienes han hecho las diligencias pertinentes y aún no se les haya dado respuesta. Y sobre todo porque comprende una práctica de corrupción en el sentido de que la prevaricación, que es el ejercicio de favorecer a alguien de manera particular cuando el deber del funcionario es proteger los intereses colectivos de toda la sociedad en sentido general”, apuntó.

Manifestó que, desde que inicie la investigación, corresponde al Ministerio Público establecer responsabilidades de manera individual pues recordó que en materia penal la responsabilidad penal es individual y por ello debe llamarse a indagatoria a cada uno de los servidores públicos que tuvieron que ver con la autorización de operación del Aeropuerto Internacional de Bávaro.

Expresó que el Ministerio Público está en la obligación de iniciar toda investigación que conduzca al esclarecimiento de la comisión de un crimen o delito, incluso sea por el simple rumor público o porque se haya apoderado de oficio al tomar conocimiento de la comisión de un ilícito penal, y en este caso ya pesan dos denuncias por corrupción.

En las denuncias depositadas por la Corporación Aeroportuaria del Este se solicitó a la PEPCA investigar a los 17 exfuncionarios por la comisión de los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, usurpación de funciones, atentado a la Constitución y otros delitos sancionados por el Código Penal. También por otorgar bajo una figura no contemplada en el ordenamiento jurídico dominicano, de conformidad y no objeción, sin licitación previa, y promover e incitar al Poder Ejecutivo a cometer un acto ilícito con relación a la construcción de un aeropuerto en el municipio Bávaro, provincia La Altagracia.

ADOCCO es una asociación sin fines de lucro que busca promover la transparencia y la responsabilidad en el manejo de los recursos del Estado y tiene entre sus objetivos denunciar los actos de corrupción en las instituciones públicas, así como en las instituciones descentralizadas y los ayuntamientos.

También, promover la despolitización de la Cámara de Cuentas; exigir la rendición de cuentas a los funcionarios y autoridades; y presentar ante la Procuraduría General de la República, Procuradurías Fiscales y Tribunales judiciales del país el sometimiento de los sospechosos de incurrir en actos de malversación de los recursos del erario nacional.

Santo Domingo, RD.- Organizaciones sociales nacionales reiteraron su preocupación por los casos de acoso sexual en varias instituciones estatales que son denunciados sin que los representantes del Gobierno ofrezcan respuestas a las víctimas, a pesar de que varios de estos han sido notorios ante la opinión pública.

En un comunicado, las organizaciones Ciudad Alternativa, Fundación Solidaridad, Participación Ciudadana y Oxfam en República Dominicana advirtieron al presidente de la República, Luis Abinader, la necesidad de un pacto interinstitucional para poner fin al acoso sexual del que son víctimas trabajadoras y usuarias de las instituciones que conforman Administración Pública.

Recordaron que casos como los del suspendido director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Leonardo Faña, el ex director regional de la Dirección General de Aduanas (DGA), en Santiago, Antonio Gómez, y el exdirector del Instituto Tecnológico Superior Comunitario (ITSC), José Altagracia Sánchez hasta el momento no han recibido respuesta por parte de las autoridades.

Asimismo, propusieron al Poder Ejecutivo que el diseño de jornadas de sensibilización dirigidas a los servidores públicos y el establecimiento  de un protocolo de atención que regule desde una perspectiva preventiva estas prácticas culturales que se constituyen en delitos contra la integridad tanto para las mujeres servidoras públicas, como para las usuarias que buscan servicios en las instituciones del Estado.

Las representantes del consorcio aseguraron que el Gobierno ha adquirido una deuda moral con las mujeres dominicanas a las que les debe una respuesta ejemplar en la persecución y castigo en los casos de acoso sexual en los que se han visto involucrados altos funcionarios en estos nueve meses de gobierno.

Además, aseguraron que el acoso sexual es una práctica antigua en la administración pública que por lo general no es denunciado por las víctimas debido al poder e influencias que ostentan los victimarios en las instituciones.

Pacto social contra el acoso sexual

El conjunto de organizaciones sociales establece que el país cuenta con iniciativas incipientes que merecen ser tomadas como ejemplo por el Poder Ejecutivo como la Resolución 45/2018 del 23 de nombre del 2018 emitida por el Ayuntamiento del Distrito Nacional para priorizar y tratar el acoso sexual en los espacios públicos.

Agregan que esto representa además una oportunidad de mejora significativa para los ministerios de Administración Pública (MAP) y de la Mujer (MMujer) para avanzar en la disminución de las brechas de género que aún existen dentro del gobierno y la erradicación de estos patrones machistas que afectan a las mujeres dominicanas.

SANTO DOMINGO.- La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso reveló que los implicados en el Caso Coral llegaron a comprar propiedades millonarias, que incluyen un yate, incluso con fondos sustraídos del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), una entidad que opera recursos limitados para asistir a menores de edad desvalidos.

“Esto es terrible el impacto que tiene”, acotó Reynoso, al referirse al hecho de que el entramado de corrupción desarticulado en el Caso Coral también robó dinero del Estado “que debe ir a la alimentación y cuidado de niños en situaciones precarias, como los que van al Conani”. “Es un crimen atroz y terrible”, insistió, tras revelar que una exdirectora del Conani se encuentra bajo investigación por estos hechos.

En torno a estos hallazgos, Reynoso informó que el Ministerio Público descubrió que el coronel Rafael Núñez de Aza también fungió como director financiero del Conani, a pesar de que no aparecía en los registros públicos.

La directora general de Persecución del Ministerio Público afirmó que las evidencias que a la fecha ha reunido el órgano de la persecución penal en contra de los implicados en el expediente del Caso Coral, encabezados por el mayor general Adan Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia (Cusep), y el monto de los bienes adquiridos son muy superiores a los estimados al inicio de las investigaciones.

Con Cáceres Silvestre son imputados, además de Núñez de Aza, la religiosa Rossy Guzmán (La Pastora) y su hijo Tanner Flete Guzmán, así como el teniente coronel Raúl Alejandro Girón y el mayor de la Armada Alejandro José Montero Cruz.

“Hoy podemos decir que andan por más de los 700 millones de pesos las operaciones, cuando preliminarmente el monto era muy inferior y son montos que en el día a día se van actualizando en función de que hemos ido descubriendo nuevas adquisiciones de bienes”, sostuvo la procuradora adjunta, al salir de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, donde le fue ratificada la medida de coerción al imputado Tanner Flete Guzmán.

Indicó que esas nuevas posesiones y montos han sido incorporados al expediente y han arrojado mayor información con respecto a cómo operaba el entramado y a las maniobras fraudulentas de la compañía Único Real State, en la que tanto Tanner como la pastora Rossy Guzmán realizaban operaciones.

Reynoso también se refirió a una empleada bancaria que no identificó y que, a cambio de prebendas, hacia operaciones financieras a favor del entramado y al margen de las reglamentaciones del sistema bancario.