A pesar de representar una fracción insignificante, los casos de difamación e injuria están siendo usados como justificación para regular el discurso digital. ¿Estamos frente a un intento de controlar las voces libres de la democracia digital?
Por Pavel De Camps Vargas
En República Dominicana, los casos de difamación e injuria registrados relacionados con el uso del internet representan menos del 0.00049% de los usuarios conectados de los 10.2 millones de dominicanos con acceso a internet. A primera vista, parece un número irrelevante. Pero existe una ley vigente que enfrenta la difamación e injuria (Ley No. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología) en sus artículos 21-22.
Pero esa pequeñez es precisamente lo que enciende las alarmas: ¿por qué se insiste en legislar de forma tan estricta algo tan marginal? ¿Qué motiva esta urgencia? ¿Es acaso la protección del honor… o el intento de disciplinar al ciudadano?
Porque mientras el país avanza en conectividad digital, la narrativa política parece ir en sentido contrario: más vigilancia, más restricciones, más miedo.
El disfraz legal del control
La difamación y la injuria son figuras legales legítimas en cualquier democracia. Pero en República Dominicana, las iniciativas legislativas recientes, como la Ley de Libertad de Expresión y Medios Digitales, han empezado a parecer menos una garantía de derechos, más un instrumento para acallar voces que no estén acorde a la narrativa y al control mediático.
Paradójicamente, estas medidas surgen cuando más dominicanos han empezado a usar las redes como herramientas de expresión, denuncia y participación política. La democratización horizontalizada del discurso o de la narrativa, ya no depende de los grandes medios ni de los partidos, sino de ciudadanos comunes que publican desde sus teléfonos libremente.
Y eso, para muchos en el poder, es inaceptable.
El nuevo campo de batalla: el internet
A través de plataformas como X, TikTok, YouTube o Facebook, los dominicanos han expuesto corrupción, denunciado abusos, cuestionado decisiones y generados debates abiertos que antes eran imposibles de ver en la sociedad. La viralidad de una publicación ha llegado a ser más poderosa que una rueda de prensa oficial. Esa capacidad de presión pública es lo que realmente se está intentando limitar y además mantener el control de las narrativas mediáticas que se busca cultivar en la mente de una sociedad para que no vea lo que debería conocer realmente.
Los casos aislados de difamación han servido como excusa para endurecer penas, intimidar creadores de contenido y disuadir la crítica. Bajo el pretexto de proteger la honra, se esconde un modelo autoritario que quiere que el ciudadano piense dos veces antes de opinar. O mejor, que no opine.
¿La ley protege al débil o al poderoso?
En la mayoría de los casos, quienes interponen demandas por difamación no son personas vulnerables, sino funcionarios, políticos o figuras públicas. Es decir, quienes ya tienen poder, recursos y visibilidad, usan la ley para silenciar a quienes apenas tienen su voz y su teléfono como herramientas.
Este desequilibrio transforma lo que debería ser justicia, en censura disfrazada.
La paradoja dominicana ¿El futuro en juego?
Mientras el país se precia de ser una democracia moderna, sigue utilizando leyes del siglo pasado para regular una conversación del siglo XXI. El Código Penal dominicano aún criminaliza la expresión, y los proyectos actuales proponen penas de prisión para quienes osen “ofender” públicamente a una autoridad. ¿Estamos protegiendo la convivencia o blindando a los poderosos?
Si estas leyes se consolidan, podría establecerse un precedente peligroso: castigar al ciudadano por opinar. Y no sólo eso: se abriría la puerta a la autocensura, al miedo, al silencio inducido. Y con el silencio muere la democracia.
¿Estamos a tiempo?
¿Y si todo esto no se trata de proteger el honor, sino de enterrar la libertad con guantes blancos?, ¿Estamos frente a un intento velado de recentralizar el poder del discurso, que las redes sociales democratizaron?
¿Y si cada nueva ley disfrazada de “regulación” es en realidad un grillete invisible para tu pensamiento, tu crítica, tu voz?
¿Hasta cuándo permitiremos que la excepción se convierta en regla, y el castigo en método para infundir miedo?
¿Se legisla para proteger la verdad… o para imponer una única versión?
¿Quién definirá qué es difamar en una era de polarización e intereses políticos cruzados? ¿A quién protege realmente la ley: al ciudadano… o al cargo público de turno?
Hoy es un influencer, mañana puede ser un periodista, luego tú, por una simple opinión en tu estado de WhatsApp.
¿Quién decide lo que es injuria en un país donde cuestionar al poder es visto como una amenaza?
Y lo más inquietante:
¿Seremos testigos del entierro de la libertad de expresión mientras aplaudimos su funeral disfrazado de legalidad?
¿Nos estamos acostumbrando a vivir en silencio, mientras creemos que hablamos libres?
Y lo más aterrador:
¿Será este el comienzo de una sociedad dominicana amordazada, domesticada y digitalmente vigilada?
La sangre apenas se ha secado en las calles de Bogotá tras el brutal atentado que mantiene al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay debatiéndose entre la vida y la muerte. Esta tragedia, que debería convocar a la solidaridad y la reflexión, ha sido rápidamente cooptada por intereses políticos. Lejos de la solemnidad que exige una situación tan dolorosa, un guion de cínico oportunismo político parece desplegarse ante los ojos de la nación, instrumentalizando el dolor ajeno.
