El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dará a conocer su decisión el miércoles 13 de agosto, a las 11:00 de la mañana

SANTO DOMINGO, RD.- El Ministerio Público incorporó más 1700 pruebas documentales, 98 pruebas testimoniales y 84 pruebas materiales en el proceso por corrupción administrativa contra Juan Alexis Medina y compartes y estableció ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que el imputado encabezó el entramado de corrupción administrativa que distrajo del erario más de 5,000 millones de pesos.

La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, definió el proceso seguido contra Medina Sánchez y compartes “como un caso sobreprobado por el Ministerio Público, cuya fortaleza descansa en la contundencia de las evidencias presentadas”.

Ortiz recordó que durante el juicio el Ministerio Público incorporó pruebas con las que quedó más que demostrado ante el tribunal el esquema de corrupción que operó bajo las directrices de Medina Sánchez.

En cuanto a la declaración ofrecida por el acusado, el Ministerio Público puntualizó que quedaron fuera de su discurso aspectos esenciales del caso, como el pago de sobornos, evidenciado en cheques emitidos por sus empresas a funcionarios públicos bajo el concepto de “gratificación”, las sesiones de crédito falsificadas, sustentadas en experticias caligráficas y testimonios; así como las reuniones en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), en donde el procesado ejercía tráfico de influencias.

“De este proceso, sin duda vendrá una sentencia condenatoria. Ahora corresponde al sistema de justicia dar la respuesta que esta sociedad espera”, concluyó Ortiz.

En la audiencia de este miércoles, el tribunal, presidido por la magistrada Claribel Nivar e integrado por las juezas Yissell Soto Peña y Clara Sobeyda Castillo, escuchó además las réplicas y contrarréplicas de las partes, cerró los debates y fijó para el miércoles 13 de agosto, a las 11:00 de la mañana, la lectura de la decisión.

El pasado abril el Ministerio Público solicitó al tribunal que imponga una condena de 20 años de prisión contra Medina Sánchez, así como el pago de 400 salarios mínimos.

También, solicitó que se le impongan 15 años de prisión a José Dolores Santana Carmona y a Wacal Vernabel Méndez Pineda, así como el pago de 200 salarios mínimos.

Igualmente, pidió 10 años de prisión para el expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Fernando Aquilino Rosa Rosa, y para la exvicepresidenta administrativa de esa entidad, Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Alexis Medina Sánchez. Esta misma pena fue solicitada contra Carlos José Alarcón, Ramón Brea Morel (Jhonny Brea) y Lina Ercilia de la Cruz Vargas.

De igual forma, el Ministerio Público solicitó 10 años de prisión y el pago de 200 salarios mínimos para: Libni Arodi Valenzuela Matos, Paola Mercedes Molina Suazo, Carlos Martín Montes de Oca, Rigoberto Alcántara Batista, José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino Méndez, Fulvio Antonio Cabreja Gómez y José Idelfonso Correa Martínez.

En cuanto a Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco, el exministro de Salud Pública, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, y Rafael Antonio Germosén Andújar, solicitaron cinco años de prisión y el pago de 200 salarios mínimos.

El Ministerio Público, además, requirió una condena de tres años contra Aquiles Alejandro Cristopher Sánchez, fiscalizador de la Oisoe.

El órgano del sistema de justicia solicitó que todos los acusados sean condenados a la inhabilitación para contratar con el Estado y para ocupar cargos públicos por 10 años, al decomiso de todos los bienes incautados producto de las actividades ilícitas, y a la degradación cívica consistente en la pérdida de los derechos civiles, políticos y de ciudadanía reconocidos por la Constitución.

También, solicitó que las penas sean cumplidas en los centros de corrección y rehabilitación Najayo Hombres y Najayo Mujeres, en San Cristóbal, según corresponda.

En relación con Víctor Matías Encarnación Montero, quien llegó a un acuerdo con el Ministerio Público, solicitó una pena de cinco años de prisión suspendida y una multa de 500 salarios mínimos, bajo las condiciones de residir en un domicilio fijo, abstenerse de desempeñar cargos, prestar servicios o ser contratado por entidades de intermediación financiera, mercado de valores o entidades públicas, y presentarse periódicamente ante el juez de la Ejecución de la Peña del Distrito Nacional.

Asimismo, se solicitó el decomiso de valores (dinero) entregado voluntariamente por el acusado, o de bienes equivalentes, conforme a la Ley de Lavado de Activos, ascendentes a 15 millones de pesos.

El órgano acusador solicitó también el decomiso de los bienes obtenidos con fondos que fueron drenados del erario, mediante las contrataciones irregulares, probadas durante más de un año en que han cursado las audiencias del presente juicio.

Cargos que enfrentan los procesados

A Juan Alexis Medina Sánchez se le acusa de crear un entramado societario que sirvió como medio para obtener ventajas económicas en contrataciones con el Estado, en coalición con funcionarios, mediante tráfico de influencias, uso de documentos falsos y maniobras fraudulentas, entre ellas la simulación de contratos y el uso de prestanombres. Se le imputa incurrir en lavado de activos, desfalco, enriquecimiento no justificado y financiamiento ilícito de campañas políticas.

José Dolores Santana Carmona está acusado de ser parte de esta red como prestanombre y representante de varias empresas del entramado liderado por Medina Sánchez, facilitando la circulación de fondos ilícitos y sirviendo como intermediario para la adquisición de bienes que luego eran colocados a nombre de terceros.

Wacal Vernabel Méndez Pineda también figura como prestanombre y representante legal de empresas controladas por Medina Sánchez, participando activamente en maniobras de lavado de activos, simulación de contratos y adquisición de bienes producto de las actividades ilícitas del entramado.

Fernando Aquilino Rosa Rosa, en su calidad de director del Fonper, permitió la adjudicación de contratos y pagos irregulares a favor de empresas vinculadas al acusado principal, facilitando el envío de recursos públicos en beneficio del grupo criminal.

Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Juan Alexis Medina Sánchez y también funcionaria del Fonper, está acusada de coalición de funcionarios, complicidad en el desfalco y otras maniobras para beneficiario al entramado encabezado por su hermano, incluyendo la aprobación de pagos irregulares desde esa entidad.

Mientras que Carlos José Alarcón se desempeñaba como contador y facilitador de las operaciones contables que permitieron encubrir las actividades ilícitas del grupo. Está acusado de lavado de activos, complicidad y falsedad documental para maquillar el origen de los fondos obtenidos ilícitamente.

Ramón Brea Morel (a) Jhonny Brea fungía como representante de una de las empresas utilizadas por Alexis Medina para contratar con instituciones del Estado, participando en simulaciones de operaciones comerciales y ayudando a canalizar fondos del erario a través del esquema corrupto.

Lina Ercilia de la Cruz Vargas está acusada de complicidad en la red, al figurar como titular de cuentas y propiedades adquiridas con fondos ilícitos. Según el Ministerio Público, sirvió como testaferro en parte de las operaciones de ocultamiento de bienes.

Libni Arodi Valenzuela Matos, Paola Mercedes Molina Suazo, Carlos Martín Montes de Oca, Rigoberto Alcántara Batista, José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino Méndez y Fulvio Antonio Cabreja Gómez (Ángelo) están acusados de lavado de activos y testaferrato.

José Idelfonso Correa Martínez está acusado de lavado de activos y porte ilegal de armas.

Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco está acusado de corrupción administrativa, asociación de malhechores, soborno, falsedad, desfalco y lavado de activos.

Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez está acusado de corrupción, asociación de malhechores y lavado de activos.

Rafael Antonio Germosén Andújar es acusado de corrupción, asociación de malhechores y lavado de activos.