Ramón Cruz Benzán
Santo Domingo, RD
Visto y acusado como fi­gura clave de una presun­ta red corrupta que ama­só una fortuna por medios ilícitos en perjuicio del Es­tado, el mayor general Adán Cáceres Silvestre, responsable de la direc­ción del cuerpo de seguri­dad del expresidente Da­nilo Medina, ya conoce de los cargos y su gravedad penal contenidos en el ex­pediente presentado ayer en su contra por la Procu­raduría Especializada de Persecución de la Corrup­ción Administrativa (PEP­CA) y la Dirección de Per­secución.

El expediente
El Ministerio Publico ex­plicó que en el transcur­so de las investigaciones de cientos de casos de co­rrupción que tiene abier­tos y que ha denomina­do Operación Antipulpo, ha podido identificar fac­tores comunes, en lo que respecta a su autor cen­tral, en algunos casos por acción y en otros con una dinámica típica del autor mediato.

Cita que uno de los ten­táculos militares y policia­les de este entramado cri­minal cometía acciones directas y en otras oca­siones su autor mediato, aprovechando sus fun­ciones, cercanía y apo­yo irrestricto del principal ejecutivo del país.

Explica que cometió una serie de acciones que se resumen en tipos pena­les graves y que precisarán en el detalle de la presente imputación preliminar de cargos.

El expediente para soli­citar medidas de coerción indica que los imputados crearon un entramado mi­litar-policial, societario y religioso como un mecanis­mo de utilizar y ocultar sus objetivos reales para gran­jearse una aceptación so­cial a través de dadivas que no representaban cantida­des de mayor importancia frente a los al menos tres mil millones que obtuvo el entramado.

“En el discurrir de la im­putación el tribunal podrá observar que el entramado criminal utilizaba milita­res y policías que se presta­ron para hacer millonarias transacciones sin justifica­ción de la procedencia de los recursos, ya que real­mente eran fondos detraí­dos del patrimonio púbico, a través de instituciones castrenses y otras organi­zaciones”, precisa el expe­diente acusatorio.

Dentro de todo el redon­del oficial para alojar evi­dencias de la investigacion, a Cáceres Silvestre se le atribuye haber manejado más de tres mil millones de pesos, y de prueba le son numerados 14 inmuebles y 10 empresas millonarias que ya fueron interveni­das.

Al llegar hasta este rue­do de la “Operación Coral”, los fiscales actuantes están confiados en la solidez de sus pruebas y el rigor de las investigaciones.

Todo consta en la solici­tud de medida de coerción depositada ayer por el Mi­nisterio Público ante el Juz­gado de Atención Perma­nente del Distrito Nacional en contra de Cáceres Silves­tre, la pastora Rossy Guz­mán Sánchez, Tanner An­tonio Flete Guzmán, Rafael Núñez de Aza y Raúl Ale­jandro Girón Jiménez.

Contra el grupo, recluido en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciu­dad Nueva, el Ministerio Público ha solicitado al tri­bunal imponerle un año de prisión preventiva y declare complejo este caso, debido a la cantidad de imputados y a la gravedad de los he­chos que les atribuyen a es­tas cinco personas, fruto de meses de investigación.

En la instancia de medida de coerción se acusa al gru­po de asociación de malhe­chores, estafa contra el Esta­do dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de la corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.

La audiencia
Será mañana miércoles, a las 11 de la mañana, cuan­do será conocido en audien­cia el pedido de medidas de coerción a los imputados. Mirna Ortiz, la fiscal coor­dinadora de investigación del Pepca, llegó al tribunal cuatro minutos antes de las 3:00 de la tarde, cuando se vencía el plazo de 48 horas que establece la Constitu­ción para que una persona sea sometida a la justicia o dejada en libertad.

EVIDENCIAS
Lo que consta en el expediente
Más bienes.
Otros bienes reportados en el expediente son una edificación de dos nive­les construida en la ave­nida Ortega y Gasset; un residencial en Colina del Oeste con edificación múltiple, con portón ubicada en la calle Cor­dillera Central; un local en la Plaza San Martín, en la avenida San Mar­tín de Villa Juana, y un apartamento en la Re­pública de Colombia en Santo Domingo Oeste.

También el local “Sha­lom Tierra de Paz” ubi­cado en la avenida Ni­colás de Ovando Cristo Rey, está última, según el Ministerio Público, funcionaba la iglesia que encabezaba la Pastora, que realizaba activida­des de índole social y ca­ritativas a través de la ONG del templo religio­so, y que no reportaba las ofrendas o los ingre­sos percibidos por par­te de los feligreses, igual que las donaciones.