Por Amadeo Peralta
La reciente agresión sufrida por una niña de 8 años a manos de una menor de 14 en Santo Domingo Este ha sacudido a la sociedad dominicana.
Este ataque, que dejó a la víctima con quemaduras graves y en estado crítico, no es un caso aislado, sino el reflejo de un problema más amplio que nos enfrenta: la impunidad de los menores infractores.
La situación es alarmante y exige una revisión inmediata del Código del Menor, cuya aplicación en el contexto dominicano resulta cada vez más inadecuada.
El hecho de que la agresora ya tuviera antecedentes de violencia y que, a pesar de ello, no enfrentara consecuencias significativas, pone de manifiesto las fallas del sistema legal.
El artículo 223 de la ley 136-03 establece que los menores de 13 años no son penalmente responsables, lo que significa que pueden cometer actos atroces sin temor a ser sancionados.
Este vacío legal no solo protege a los infractores, sino que también perpetúa el sufrimiento de las víctimas y sus familias.
Además, las penas para los menores de entre 13 y 18 años son desproporcionadamente leves, con condenas que oscilan entre uno y cinco años, independientemente de la gravedad del delito.
Esta situación crea un entorno en el que los jóvenes pueden actuar con impunidad, sabiendo que las consecuencias de sus acciones serán mínimas.
La duración máxima de la prisión preventiva de cuatro meses es otro factor que contribuye a la sensación de impunidad, ya que los menores pueden ser liberados rápidamente, sin haber enfrentado un juicio adecuado.
El Código del Menor, que fue diseñado con la intención de proteger a los niños y adolescentes, se ha convertido en una herramienta que, irónicamente, favorece a los delincuentes juveniles en lugar de a sus víctimas.
La prohibición de la cobertura mediática y la protección excesiva de la identidad de los menores infractores dificultan la transparencia y el seguimiento de los casos, lo que a su vez alimenta la percepción de que el sistema no está funcionando.
Es fundamental que los legisladores dominicanos revisen y actualicen el Código del Menor, adaptándolo a la realidad del país.
La comparación con sistemas legales de otras naciones, como Estados Unidos, donde se han aplicado penas severas a menores que cometen delitos graves, resalta la necesidad de un enfoque más equilibrado que contemple tanto la protección de los derechos de los menores como la justicia para las víctimas.
La violencia entre menores es un fenómeno que no podemos ignorar.
Cada caso de agresión es un recordatorio de que la sociedad tiene la responsabilidad de proteger a sus miembros más vulnerables, especialmente a los niños.
La impunidad no solo afecta a las víctimas, sino que también envía un mensaje peligroso a los jóvenes: que pueden actuar sin consecuencias.
Es hora de que la República Dominicana tome medidas decisivas para reformar su legislación y garantizar que los derechos de todos los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables, sean respetados y protegidos.
La justicia no puede ser un privilegio; debe ser un derecho para todos.
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El autor es abogado
