NAIROBI (Reuters) – Un tribunal keniano dictaminó el viernes que el plan de enviar agentes de policía a Haití para dirigir una misión aprobada por la ONU es inconstitucional, lo que pone en duda el futuro de una iniciativa destinada a frenar la violencia de las bandas en el país caribeño.
Un partido de la oposición impugnó en octubre la decisión del Gobierno de enviar 1.000 agentes para hacer frente a una crisis cada vez más grave en Haití, donde la violencia de las bandas acabó con la vida de casi 5.000 personas y obligó a unas 200.000 personas a abandonar sus hogares el año pasado.
El juez del Tribunal Supremo Chacha Mwita dijo que, según la legislación keniana, las autoridades sólo pueden desplegar oficiales en el extranjero si existe un «acuerdo recíproco» con el Gobierno anfitrión.
«Cualquier otra acción o medida adoptada por cualquier órgano o funcionario del Estado en aplicación de dicha decisión contraviene la Constitución y la ley y es, por tanto, inconstitucional, ilegal e inválida», declaró Mwita.
El Gobierno no comentó inmediatamente si recurriría la sentencia.
Haití solicitó ayuda por primera vez en 2022 ante el aumento de la violencia de las bandas, pero fue incapaz de encontrar un país dispuesto a dirigir una misión de seguridad.
Muchos Gobiernos se han mostrado reticentes a apoyar a la administración no electa del primer ministro Ariel Henry y a intervenir en un país en el que las misiones anteriores se han visto salpicadas por violaciones de los derechos humanos.
Kenia dio finalmente un paso al frente el pasado julio, afirmando que lo hacía en solidaridad con un país hermano. Bahamas envió 150 personas, y Jamaica y Antigua y Barbuda se declararon dispuestas a ayudar.
Naciones Unidas declaró esta semana que había documentado 4.789 muertes por la violencia de las bandas en Haití el año pasado, un aumento del 119% desde 2022, y que otras 3.000 fueron secuestradas.
