SANTO DOMINGO, RD.- El Ministerio Público destacó este martes que el apoyo del Ministerio de Interior y Policía, la Dirección de la Policía Nacional y la Inspectoría General de la uniformada resultó fundamental para destapar lo que calificaron como una «caja de Pandora», en relación con el entramado que involucra a policías imputados por la sustracción de más de 900,000 municiones de la Intendencia de Armas de la uniformada.
El titular de la PEPCA, Wilson Camacho, indicó que el caso continúa en investigación, lo que podría implicar ajustes en las cifras y la identificación de nuevos implicados. “El avance de las pesquisas determinará la incorporación de más personas al proceso, siempre en función de las evidencias que se vayan obteniendo”, señaló.
Wilson Camacho aseguró que el Ministerio Público llevará este caso «hasta las últimas consecuencias», resaltando la gravedad del delito y la importancia de proteger la institucionalidad del país.
La jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, aplazó el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra los agentes involucrados para el próximo lunes 25 de noviembre, a las 2:00 de la tarde.
Esta decisión responde a una solicitud de la barra de la defensa, que pidió más tiempo para analizar el extenso volumen de pruebas presentadas por el Ministerio Público, las cuales sustentan el pedimento de prisión preventiva y la declaratoria del caso como complejo.
La solicitud de medida de coerción consta de 213 páginas, contiene 135 elementos de prueba contra las 10 personas físicas y una jurídica señalada en el caso. Dentro de los imputados figura el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, exencargado de la custodia de armas y municiones; el exsubintendente Juan Miguel Pérez Soler; el capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas; el capitán y auditor Víctor Manuel Santos, quien alteró los resultados de una auditoría realizada en febrero; el segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio y la empresa Tactical Accesories RH, S.R.L, vinculada a este último, entre otros.
La Operación Pandora, que llevó a la detención de los imputados, fue ejecutada en octubre, luego de una solicitud conjunta del Ministerio de Interior y Policía y el director general de la Policía Nacional.
En ella participaron más de 200 agentes de unidades especiales de la Policía Nacional, la Policía Preventiva, la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM), y más de 40 fiscales, quienes realizaron allanamientos en el Distrito Nacional y en las provincias de Santo Domingo, Santiago, Sánchez Ramírez y Pedernales.
El Ministerio Público destacó que el capitán Santos, con más de seis años como auditor en la Intendencia de Armas, fue clave en la manipulación de la auditoría de febrero y se asoció con los líderes de la red criminal para alterar nuevamente los números, lo cual fue detectado por los investigadores.
Durante las diligencias investigativas, se incautaron armas, proyectiles, evidencia digital, transacciones económicas, pruebas testimoniales y datos de dispositivos electrónicos. Todo este material consolidó un robusto conjunto de pruebas que fueron presentadas ante el tribunal.
