Santo Domingo. – Miembros del Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorros y Créditos Neyba (COOPACRENE) interpusieron una solicitud de medida cautelar anticipada ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), buscando la suspensión provisional de los efectos de una reciente decisión emitida por el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP).
La acción legal tiene como objetivo impugnar la designación del gerente general interino de COOPACRENE, un nombramiento dispuesto por la presidenta administradora del IDECOOP, Maritza López Castaños de Ortiz.
La instancia, depositada por el abogado Dr. Víctor Eddy Mateo Vásquez, sostiene que la Resolución del IDECOOP, contenida en la comunicación PA-0915-E del 6 de noviembre de 2025, vulnera principios esenciales del derecho administrativo, en especial la competencia exclusiva del Consejo de Administración de la cooperativa para la elección de su Gerente, tal como lo establece la Ley 127-64 sobre Sociedades Cooperativas.
La decisión administrativa cuestionada designa a Cecilio Enrique del Valle Pérez como Gerente General Interino, bajo el alegato de una supuesta imposibilidad del Consejo de COOPACRENE para formalizar la elección de un gerente general debido a una situación interna del órgano directivo.
Los miembros accionantes argumentan que el IDECOOP violó los principios de legalidad, competencia y debido proceso administrativo establecidos en la Ley 107-13, al intervenir directamente en una función que es prerrogativa única del Consejo de Administración, de acuerdo con la Ley 127-64 y los estatutos internos de la institución.
Los accionantes han solicitado al TSA que ordene la suspensión provisional del acto administrativo mientras se examina su legalidad. Argumentan que la intervención del IDECOOP afecta significativamente la autonomía cooperativa y el correcto funcionamiento interno de COOPACRENE.
Finalmente, los directivos de COOPACRENE destacaron que el objetivo de esta acción es proteger la institucionalidad del sector cooperativo, garantizar el respeto al marco regulatorio vigente y asegurar la correcta gobernanza interna de la cooperativa, evitando la creación de precedentes que menoscaben la autonomía contemplada en la legislación dominicana.
