Por Paola Belliard
En esta era digital, las redes sociales se han consolidado como el nuevo ágora pública, un espacio donde millones de personas ejercen su derecho a opinar, debatir y denunciar. No obstante, este panorama también ha puesto de manifiesto una creciente tensión entre la libertad de expresión y los mecanismos de control, censura y manipulación, impulsados tanto por gobiernos como por las propias plataformas tecnológicas.
La libertad de expresión es un derecho humano fundamental, reconocido en tratados internacionales y en las constituciones de las democracias. Sin embargo, en el entorno digital, este derecho parece estar en constante negociación.
Surgen preguntas cruciales: ¿Quién tiene la autoridad para determinar qué se puede decir y qué no? ¿Hasta qué punto puede una empresa privada restringir el discurso público? Y, ¿qué papel juegan los algoritmos para hacer que ciertas voces sean visibles o, por el contrario, invisibles?
En países como la República Dominicana, hemos visto cómo figuras públicas, periodistas y ciudadanos han sido objeto de campañas de difamación o censura digital. A menudo, bajo el pretexto de combatir el «discurso de odio», se silencian opiniones que son completamente válidas.
En otros casos, se permite la circulación de noticias falsas que dañan reputaciones sin que haya consecuencias.
Esta ambigüedad es peligrosa, ya que transforma la libertad de expresión en un privilegio que depende de intereses políticos, económicos o ideológicos. Además, el anonimato en las redes ha provocado una crisis de responsabilidad, pues muchos se esconden tras perfiles falsos para insultar, amenazar o manipular sin enfrentar las repercusiones de sus acciones.
Es fundamental no confundir la libertad de expresión con la impunidad. Como ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este derecho conlleva responsabilidades: actuar de buena fe, respetar la dignidad de los demás y contribuir a un debate democrático constructivo.
Las redes sociales no son enemigas de la libertad, pero tampoco son neutrales. Son espacios regulados por empresas que responden a intereses globales. Por ello, es urgente que los Estados garanticen que sus ciudadanos puedan expresarse libremente, sin temor a represalias o censura arbitraria.
La solución no está en imponer restricciones, sino en educar sobre el uso responsable de la palabra. En definitiva, la libertad de expresión en las redes sociales debe ser defendida con firmeza, pero también con inteligencia. No basta con exigir el derecho a hablar; es necesario construir una cultura digital donde el respeto, la verdad y la diversidad de ideas sean los pilares de una ciudadanía activa y consciente.
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La autora es Licenciada en Comunicación Social, y En Derecho, con maestría en Derecho Civil y Procedimiento Civil, postgrado en Alta Gerencia.
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