Por Wilson Rodríguez
Cada año, al acercarse el inicio del año escolar, se repite la misma escena en todo el país: padres angustiados buscando un cupo en las escuelas públicas. Este año, sin embargo, la situación parece más tensa que nunca. Con la economía afectando a miles de familias, muchos padres se han visto obligados a sacar a sus hijos de colegios privados para inscribirlos en escuelas públicas, encontrándose con un problema crónico: la falta de aulas.
La educación es un derecho fundamental que debería estar al alcance de todos los niños, independientemente de su situación económica. A pesar de los esfuerzos del Ministerio de Educación, la realidad es que las aulas están desbordadas y los cupos son limitados. Aunque es cierto que hay padres que dejan la inscripción para el último momento, una gran cantidad ha hecho todo lo posible para asegurar un lugar para sus hijos, pero se ven atrapados en un sistema que no responde a sus necesidades.
La percepción de que los niños extranjeros, especialmente los hijos de nacionales haitianos, tienen preferencia en el acceso a la educación ha generado un clima de tensión y desconfianza. Si bien es cierto que la República Dominicana tiene la responsabilidad de atender a todos los niños que residen en su territorio, esta situación ha llevado a muchos padres dominicanos a sentirse marginados. Sin embargo, el problema no radica en la presencia de estudiantes extranjeros, sino en la falta de recursos y planificación del sistema educativo.
La educación pública en la República Dominicana ha sido históricamente un tema de debate. La oposición política no ha perdido la oportunidad de usar esta situación para criticar al gobierno, pero este es un problema estructural que requiere soluciones a largo plazo, no una herramienta para la confrontación política. La verdadera raíz del problema es la falta de infraestructura adecuada y la creciente demanda de educación pública de calidad, impulsada por una situación económica que ata de manos a los padres de bajos recursos. Para ellos, la opción de una educación privada es simplemente inalcanzable.
El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, ha afirmado que están preparados para el inicio del año escolar, pero estas declaraciones chocan con la realidad que viven muchos padres. La promesa de que «ningún niño se quedará fuera» suena vacía cuando la experiencia en el terreno cuenta una historia diferente.
Es imperativo que el gobierno tome medidas concretas para abordar esta crisis de inscripciones. Se necesita una inversión significativa en infraestructura educativa, así como un plan que contemple la realidad demográfica del país. La educación no puede ser un privilegio de unos pocos; debe ser un derecho garantizado para todos. Es hora de que el Estado asuma su responsabilidad y trabaje en soluciones efectivas que permitan a todos los niños, sin excepción, acceder a una educación de calidad. La educación es la clave para el desarrollo y el progreso, y este es un desafío que no podemos seguir ignorando.
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El autor es periodista y analista de comunicaciones
