Por NAT
SANTO DOMINGO – La Junta Central Electoral (JCE) dictó la Resolución No. 01-2026, mediante la cual formaliza la distribución de la contribución económica del Estado destinada a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos para el año 2026.
El monto total asignado por la Ley No. 99-25 de Presupuesto General del Estado asciende a RD$1,620,000,000.00, fondos que serán entregados en cuotas mensuales equivalentes a la duodécima parte del total asignado a cada entidad.
De acuerdo con los criterios de votación obtenidos en el ciclo electoral de 2024 y en cumplimiento con la Sentencia No. TSE/0010/2025, el 80% de los recursos (RD$1,296,000,000.00) se distribuirá en partes iguales entre las tres organizaciones que superaron el 5% de los votos válidos: el Partido Revolucionario Moderno (PRM), la Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Por su parte, un 12% del presupuesto (RD$194,400,000.00) se repartirá equitativamente entre los cinco partidos que alcanzaron entre el 1% y el 5% de la votación, grupo integrado por el PRD, PRSC, DxC, PP y el BIS.
El 8% restante, equivalente a RD$129,600,000.00, será distribuido entre las 30 organizaciones políticas restantes que obtuvieron entre el 0.01% y el 1% de los votos, o que mantienen su personería jurídica tras el último proceso electoral.
Cabe destacar que, dentro de este grupo, el Partido Generación de Servidores (Gens) figura como beneficiario pero sus fondos serán reintegrados mensualmente a la Cuenta Única del Tesoro, debido a su renuncia formal a recibir financiamiento público por principios éticos.
La JCE advierte que la entrega de estos fondos está estrictamente condicionada al cumplimiento de la Ley No. 33-18.
Los partidos tienen como fecha límite el 10 de febrero de 2026 para depositar su presupuesto general y programas del año, mientras que el 30 de junio de 2026 vence el plazo para presentar el informe pormenorizado de ingresos y gastos del ejercicio 2025.
La falta de presentación de estos documentos en los plazos establecidos impedirá de forma inmediata la recepción de las partidas económicas correspondientes.
