RD.-Gustavo Sánchez, vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la Cámara de Diputados, expresó su preocupación por la reciente selección de los miembros de la Cámara de Cuentas, señalando que este proceso careció de consenso y fue decidido de antemano por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Durante su intervención en el programa El Día, Sánchez explicó que, a pesar de los esfuerzos realizados por los diputados del PLD y de la oposición para evaluar de manera imparcial los perfiles de los candidatos, el proceso ya estaba comprometido desde el inicio.
“Los candidatos que propusimos inicialmente al hemiciclo estaban claramente influenciados por compromisos previos para la elección”, afirmó el legislador.
Aclaró que el PLD no buscó promover candidatos ni realizar una repartición de puestos, ya que la responsabilidad de la selección recae principalmente en el partido que tiene la mayoría en el Congreso.
Sin embargo, Sánchez denunció que, al recibir la lista de 25 candidatos para seleccionar a 15, se hizo evidente que en cada quinteta había tres personas ya decididas para ser enviadas al Senado.
“Desde un principio, sabíamos que había una clara intención de seleccionar a las tres personas que serían llevadas al Senado en cada quinteta”, indicó.
El vocero del PLD criticó la existencia de un “libreto” en la Cámara de Diputados que definía cómo se dividirían las propuestas, lo que llevó a los diputados del PLD a retirarse del proceso para no ser cómplices de una elección que consideraban ya preestablecida.
“Nuestra inconformidad radica en que la selección de los 15 no contaba con concertación, ni siquiera con un consenso real, ni con una discusión franca sobre los perfiles de los candidatos”, declaró.
Sánchez señaló que el Gobierno y el PRM han estructurado un proceso en el que el Senado elegirá a los cinco titulares de la Cámara de Cuentas a partir de cinco ternas ya definidas por la Cámara de Diputados.
En su opinión, esta selección no representa una concertación genuina, sino una estrategia para crear un “escudo protector” en la supervisión de las finanzas públicas y la ejecución gubernamental del partido en el poder.
