La falta de entrega de pruebas por parte del Ministerio Público, así como otras supuestas irregularidades procesales contra las 26 personas y 23 empresas implicadas en la Operación Antipulpo, por su vinculación en el supuesto entramado de corrupción que estafó al Estado con miles de millones de pesos.
A pesar del mes que otorgó el séptimo juzgado de la instrucción para que la defensa de los implicados conociera a fondo el expediente del caso Antopulpo, estos aseguran que les fue imposible acceder a las nuevas pruebas del Ministerio Público.
Los abogados del ex director del Fonper, Fernando Rosa, señalaron además que el peritaje realizado a su cliente en la Cámara de Cuentas tras solicitarlo la tribunal no corresponden con los resultados del órgano acusador.
Asimismo, la defensa de otros implicados indicaron que el tribunal deberá regularizar el proceso para dar inicio formal al juicio preliminar.
En esta audiencia Paola Mercedes Molina Suazo y Carlos Martín Montes de Oca, dos nuevos implicados en la acusación presentada en la Operacion Antipulpo, fueron declaradas en rebeldía y en su contra emitieron órdenes de arresto, por el juez Deiby Timoteo Peguero Jiménez a solicitud de Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa.
Camacho pidió el arresto debido a que los dos acusados fueron notificados para asistir a la audiencia preliminar, pero estos no asistieron y tampoco mandaron excusas.
