Denuncian violaciones de derechos humanos, abusos judiciales y falta de cumplimiento de normativas en la Fiscalía
La Romana, R.D. – En un hecho sin precedentes, los diputados por la provincia de La Romana, Carlos De Pérez, Jacqueline Fernández Brito, Eugenio Cedeño Areche y Wandy Modesto Bautista Gómez, han elevado una solicitud formal al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. El objetivo es que las Comisiones de Justicia, Ministerio Público y Derechos Humanos sean apoderadas para investigar de manera urgente el funcionamiento del sistema judicial en esta provincia.
A través de una comunicación oficial enviada a la Secretaría General Legislativa, los diputados de La Romana han expuesto múltiples denuncias sobre supuestas violaciones sistemáticas de los derechos humanos en la provincia. Estas incluyen encarcelamientos sin base legal, denegación de justicia a personas de bajos recursos y una falta de respuesta institucional efectiva.
Uno de los puntos más críticos señalados es el deficiente funcionamiento de la Oficina de Atención Permanente del Juzgado de la Instrucción. Los legisladores resaltan que esta oficina solo opera en horario regular de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., dejando sin asistencia judicial a los ciudadanos durante fines de semana y días feriados. Según los diputados, esto «constituye una grave violación a su razón de ser». Además, denunciaron que la oficina de atención al usuario presenta deficiencias en personal y espacio físico, lo que provoca que los usuarios deban esperar hasta ocho horas por servicios básicos.
Los diputados también cuestionan la permanencia en el cargo de la magistrada Reina Yaniris Rodríguez como fiscal titular de La Romana. Aseguran que esta situación viola el artículo 98 del Reglamento de Carrera del Ministerio Público y los artículos 36 y 41 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (Ley 133-11). Señalan que existe una resolución del Consejo Superior del Ministerio Público, emitida en febrero de 2020, que dispuso su traslado y ascenso a la jurisdicción de San Pedro de Macorís, decisión que, hasta la fecha, no ha sido ejecutada.
Los legisladores exigen que se determinen las responsabilidades institucionales y se tomen medidas concretas para garantizar un sistema de justicia justo, accesible y transparente para todos los ciudadanos de La Romana, especialmente aquellos sin recursos económicos ni influencia.
Con esta solicitud, los representantes congresuales de la provincia reafirman su compromiso con la legalidad, la equidad y los derechos fundamentales de su gente, y esperan que la Cámara de Diputados dé curso inmediato a esta investigación.
