El proyecto de ley que podría desatar tensiones con EE. UU. y va contra las órdenes ejecutivas de Trump sobre libertad de expresión
Por Pavel De Camps Vargas
La República Dominicana está a punto de dar un paso que podría encender alarmas en Washington. El proyecto de ley orgánica sobre libertad de expresión y medios audiovisuales, promovido por el Poder Ejecutivo, no sólo redefine el ecosistema comunicacional dominicano, sino que introduce medidas que podrían entrar en conflicto directo con los principios de libertad de expresión defendidos por Donald Trump y sectores conservadores en los Estados Unidos.
Y es que esta iniciativa legal, que crea el Instituto Nacional de Comunicación (INACOM), contempla sanciones, auditorías algorítmicas y regulaciones severas sobre plataformas digitales como X, TikTok, YouTube, Facebook o Instagram. Todo esto bajo un enfoque de control que puede disfrazarse de “protección” para ejercer censura estructural sobre los medios digitales, creadores de contenido y ciudadanos que genera opinión pública.
Una ley que pisa la línea roja de Washington
Donald Trump, tanto en su primer mandato como en su reciente regreso al poder, ha sido claro: ningún gobierno debe controlar el discurso digital ni intervenir en los algoritmos que gestionan la libertad de expresión online.
La Orden Ejecutiva 13925 de 2020, titulada “Previniendo la Censura en Línea”, establecía que las plataformas no debían ser tratadas como editoras y defendía el derecho de los ciudadanos a expresarse sin temor a moderaciones sesgadas.
Pero fue en enero de 2025 cuando Trump reforzó su doctrina con la Orden Ejecutiva 14149, denominada “Restaurando la Libertad de Expresión y Terminando con la Censura Federal”, prohibiendo explícitamente a las agencias federales estadounidenses colaborar en cualquier esfuerzo para silenciar el discurso en línea.
Ahora, el proyecto dominicano va en la dirección contraria.
¿Qué dice la ley que incomodaría a Trump?
Entre los artículos más controversiales se encuentran:
- Artículo 20: Obliga a plataformas digitales a informar cómo funcionan sus algoritmos, justificaciones para eliminar contenidos, e incluso permitir auditorías externas.
- Artículo 65: Otorga al INACOM poder para imponer sanciones económicas, suspender transmisiones y exigir el retiro de contenidos.
- Capítulo VI: Regula la publicidad digital política, controlando el gasto, las cuentas patrocinadas y el comportamiento algorítmico de segmentación.
Todo esto pone bajo vigilancia directa a empresas tecnológicas privadas, muchas de ellas estadounidenses, y podría ser interpretado por el gobierno de Trump como una forma de censura institucionalizada y un ataque a los valores fundamentales de la Primera Enmienda.
¿Una fuente de tensiones diplomáticas?
La administración Trump ha demostrado en el pasado su disposición a ejercer presión económica, comercial e incluso diplomática sobre gobiernos que interfieran en la libertad de las big tech norteamericanas. Casos como el enfrentamiento con la UE por el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) o las sanciones a TikTok son prueba de ello.
Aplicado a la realidad dominicana, este proyecto podría convertirse en una nueva fuente de tensión bilateral, especialmente si se interpreta como un marco legal hostil a la innovación digital y a la libertad de expresión de ciudadanos y empresas.
¿Podría Estados Unidos imponer condiciones a futuras ayudas, inversiones o acuerdos tecnológicos? ¿Se verá la República Dominicana etiquetada como un país restrictivo en materia digital?
Un INACOM que parece un “Gran Hermano”
Para sectores críticos, el INACOM sería un organismo con atribuciones peligrosamente amplias: supervisar contenido, investigar publicaciones, sancionar comunicadores, y hasta desindexar medios digitales. Todo esto en una época donde el algoritmo se ha convertido en el nuevo campo de batalla de la libertad.
El fantasma de la censura ya no se presenta con uniforme militar, sino con lenguaje jurídico y aparatos administrativos. Y en este contexto, el proyecto dominicano podría ser percibido como un retroceso disfrazado de avance.
¿Hasta dónde llegará la presión internacional?
Si Trump o sus aliados conservadores en el Congreso de EE.UU. perciben que esta ley afecta directamente los intereses de empresas norteamericanas o vulnera principios de libre expresión digital, no dudarán en manifestarse. El país podría enfrentarse a:
- Condenas formales desde el Departamento de Estado.
- Presiones comerciales para modificar artículos conflictivos.
- Apoyo a movimientos internos pro-libertad digital.
- O incluso restricciones a inversiones tecnológicas.
La regulación de las redes sociales es, sin duda, un debate necesario. Pero cuando una ley le entrega a un órgano estatal —como el INACOM— el poder de vigilar, censurar, sancionar y silenciar voces en el espacio digital, no estamos frente a una política pública, sino ante una arquitectura legal para la intimidación y el control.
Donald Trump lo advirtió con claridad: “Si pueden censurar al presidente de Estados Unidos, pueden censurar a cualquiera. Ese es el verdadero peligro.” Y también dijo: “Las plataformas digitales no deben ser árbitros de la verdad. La libertad de expresión no es negociable.”
Entonces, ¿estamos listos para entregar nuestros derechos al algoritmo del Estado?
¿Quién vigila al que decide qué podemos publicar, ver o compartir?
¿Hasta dónde puede llegar esta “regulación” sin convertirse en censura institucionalizada?
En un mundo donde el algoritmo es poder y la narrativa es libertad, imponer filtros estatales a las plataformas no es solo un asunto doméstico: es una provocación internacional. Y podría situar a la República Dominicana en el radar de conflictos diplomáticos con Estados Unidos y otros defensores de la libertad digital.
Si el gobierno dominicano no corrige el rumbo, podría convertirse en un referente de censura revestida de legalidad, con consecuencias devastadoras para su imagen democrática, sus relaciones internacionales y su ecosistema de innovación.
No se trata solo de una ley. Se trata del tipo de país que queremos ser.
¿Uno que respeta el pensamiento libre o uno que lo regula?
¿Uno que protege la voz de su gente o uno que la silencia con resoluciones?
El mundo está mirando. Y Estados Unidos también.
