Un estudio inédito del Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos (MOPESP) revela la devastadora e impactante fallas estructurales, desigualdades lacerantes y violaciones legales que hunden en la pobreza a miles de jubilados dominicanos.

Por Pavel De Camps Vargas

SANTO DOMINGO – En un país donde el discurso oficial proclama estabilidad y crecimiento, el Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos (MOPESP) ha hecho pública una investigación demoledora que expone la sombría y dolorosa verdad del sistema estatal de pensiones de República Dominicana.

Basado en un análisis exhaustivo de más de 122,000 pensiones otorgadas entre 2019 y 2024, el estudio revela un entramado institucional que perpetúa la desigualdad, pisotea derechos fundamentales y condena a la miseria a miles de ciudadanos que han dedicado su vida al servicio público.

El informe no es simplemente una recopilación de datos; es una acusación directa contra la arquitectura de un sistema fragmentado, arbitrario e injusto. Lo que debía ser un mecanismo de protección social se ha transformado en una maquinaria de exclusión y humillación. Esta es la cruda realidad del sistema dominicano de pensiones que, como denuncia el MOPESP, da pena, vergüenza y exige una reforma inmediata.

Un sistema fragmentado y arbitrario

El sistema estatal dominicano de pensiones no se rige por una normativa unificada ni equitativa. La Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP) administra seis regímenes distintos:

1. Pensiones por antigüedad (Ley 379-81)
2. Pensiones solidarias (Ley 87-01)
3. Pensiones del antiguo IDSS (Ley 1896)
4. Pensiones especiales otorgadas por el Poder Ejecutivo
5. Pensiones civiles médico-sanitarias (Ley 414-98)
6. Pensiones de la Policía Nacional (Ley 590-16)

Este mosaico legislativo no solo crea confusión, sino que habilita márgenes de discrecionalidad y desigualdad institucionalizada. Cada régimen utiliza criterios distintos para definir montos, elegibilidad y beneficios colaterales, lo que da lugar a situaciones donde dos personas con trayectorias similares reciben pensiones radicalmente diferentes.

Cifras que gritan injusticia

El análisis del MOPESP revela que las pensiones oscilan entre RD$5,000 y RD$405,000 mensuales. Esta brecha escandalosa no es el resultado de mecanismos de mercado ni de méritos diferenciados, sino de decisiones institucionales que perpetúan privilegios y castigos.

• 04% de las pensiones civiles son iguales o inferiores a RD$27,828.58, es decir, por debajo del Quintil 1 de ingresos, el cual define a los hogares en pobreza extrema.
• Más del 44% de las pensiones son del tipo «solidarias», pero reciben sólo el 18% de los fondos.
• Las pensiones especiales, que representan apenas el 12%, consumen el 25% del total de recursos destinados a pensiones.
• El 82.10% de las pensiones reciben solo la mitad del total desembolsado, mientras el 17.90% restante absorbe el otro 50%.

Estas cifras, refrendadas con data oficial de la DGJP, constituyen una prueba irrefutable de que el sistema actual favorece a élites administrativas y políticas, dejando a la mayoría con “pensiones de miseria”.

Violaciones legales, tope de pensión y la falta de seguro

Uno de los hallazgos más alarmantes del informe es la ilegalidad en el cálculo del tope máximo de pensión. Según la Ley 87-01, este tope debe basarse en el salario mínimo nacional (promedio de los salarios mínimos del sector privado), actualmente RD$19,352.50. El cálculo correcto implicaría un tope de RD$154,820 (8 veces el salario mínimo), pero la DGJP utiliza el mínimo del sector público, congelado en RD$10,000, para establecer un tope injusto de RD$80,000.

Esta práctica:

• Viola la Ley 87-01 (art. 18) y la Ley 379-81.
• Perjudica directamente a miles de servidores públicos de nivel medio y alto.
• Reduce artificialmente los beneficios, condenando a muchos a la precariedad.

Además, los jubilados pierden el seguro familiar de salud al retirarse, a pesar de haber contribuido toda su vida. Esta exclusión médica ocurre en la etapa más vulnerable de su existencia, obligándolos a asumir costos imposibles o a quedar completamente desprotegidos.

El salario mínimo público que empeora la desigualdad

El salario mínimo del sector público ha permanecido en RD$10,000 desde 2019, una cifra que ni siquiera cubre el 20% del costo de la canasta básica familiar (que ronda los RD$43,000). Este estancamiento:

• Afecta la vida digna de los empleados públicos activos.
• Distorsiona la base legal para el cálculo de pensiones.
• Multiplica la desigualdad estructural del sistema.

Un reajuste salarial urgente no solo es justo, sino necesario para garantizar la sostenibilidad y legitimidad del sistema de reparto estatal.

El impacto fiscal de corregir las distorsiones

A pesar de los temores de impacto presupuestario, el MOPESP demuestra que corregir el cálculo del tope máximo de pensión tendría un efecto fiscal mínimo:

• Solo aumentaría el gasto mensual en 32% para pensiones civiles.
• Y el total anual en 44% del presupuesto global para pensiones.

Para ponerlo en perspectiva, esto es menos de lo que se destina a programas clientelistas como “El Barrilito”. Es decir, corregir esta injusticia es técnica y financieramente viable.

Una agenda de reforma urgente

El MOPESP propone una plataforma de acción basada en la evidencia:

1. Aplicar el salario mínimo nacional como base para el tope de pensiones.
2. Aumentar el salario mínimo del sector público a niveles dignos.
3. Garantizar el seguro de salud para todos los jubilados.
4. Preservar el sistema de reparto solidario para servidores públicos.
5. Eliminar concesiones especiales discrecionales y reforzar la equidad.
6. Aumentar la transparencia y auditoría del sistema.

Además, se destaca como avance significativo la sentencia del Tribunal Constitucional (TC/0535/22), que eliminó la prescripción de 2 años para reclamar la pensión por sobrevivencia, sentando precedente de protección legal real.

El sistema de pensiones estatal de la República Dominicana, tal como lo revela el estudio del MOPESP, no es solo disfuncional: es profundamente injusto, regresivo e inconstitucional. La disparidad brutal en los montos, la permanencia de “pensiones de miseria” por debajo del mínimo legal, la distribución arbitraria de fondos, la pérdida del seguro médico al jubilarse, el estancamiento del salario mínimo público y, sobre todo, el cálculo ilegal del tope máximo de pensión, configuran un entramado de negligencia institucional y abandono moral.

Estas no son fallas técnicas, son violaciones flagrantes a los derechos fundamentales de miles de dominicanos y dominicanas que, tras décadas de servicio, reciben como retribución la indiferencia del Estado. Lo más alarmante es que las soluciones existen, están contempladas en la ley y pueden implementarse con un costo fiscal mínimo. Lo que falta no es dinero: es voluntad política, justicia y humanidad.

El MOPESP ha trazado un camino claro, sustentado en datos, leyes y principios éticos. Lo que está en juego no es solo la calidad de vida de los pensionados, sino el tipo de sociedad que estamos dispuestos a construir.

Una nación que abandona a sus servidores en la vejez no sólo fracasa en su deber legal: fracasa en su humanidad.

¿Cuánto tiempo más vamos a normalizar un sistema que humilla a quienes lo dieron todo por el país?
 ¿Qué legitimidad puede tener un Estado que niega dignidad a sus propios defensores silenciosos?