Santo Domingo, R.D. – El Director del Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerados, Manuel Meccariello, afirmó que la sociedad civil debe mantenerse firme en la lucha ante el Tribunal Constitucional para lograr la modificación o eliminación de varios artículos del recién aprobado Código Penal que, según señaló, no garantizan la protección de las personas en situación de vulnerabilidad.
Meccariello advirtió que “este nuevo Código Penal, con ciertos artículos cuestionables, no puede ser un traje hecho a la medida para proteger abusos contra los derechos de grupos en condiciones de vulnerabilidad”.
El defensor de derechos humanos reconoció que en el nuevo Código Penal hay avances significativos, como la tipificación de nuevos delitos, el fortalecimiento de sanciones contra la violencia sexual y de género, y la inclusión de figuras penales para combatir delitos tecnológicos. Sin embargo, también subrayó que persisten retrocesos preocupantes, como la ausencia de una protección integral a las mujeres y niñas, limitaciones a derechos reproductivos, y disposiciones que pueden restringir libertades fundamentales y aumentar la criminalización de grupos vulnerabilizados.
Además, enfatizó que “se debe tener claro que ningún artículo del nuevo Código Penal puede estar por encima de los artículos de la Constitución de la República Dominicana ni de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el país”.
“El rol de la sociedad civil es defender los derechos humanos. Este es un momento crucial para lograr cambios en el nuevo Código Penal. La sociedad civil debe acompañarse de abogados, revisar cada artículo con detenimiento y someter ante el Tribunal Constitucional aquellos que resulten violatorios de la Constitución y de los tratados internacionales”, puntualizó Meccariello.
Recordó que la ley establece un plazo de 12 meses a partir de la promulgación del Código Penal para presentar acciones directas de inconstitucionalidad, las cuales pueden ser interpuestas por cualquier ciudadano u organización que entienda que una disposición viola la Constitución o los tratados internacionales.
Finalmente, instó a las instituciones y a la población en general a movilizarse y utilizar los mecanismos legales disponibles para garantizar que el nuevo marco penal respete plenamente los principios constitucionales y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
