El protocolo pretende fortalecer la detección temprana de abusos y agresiones, para mejorar la respuesta de las autoridades.

Santo Domingo. – La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó que, junto con el Ministerio de Salud Pública, se desarrolla un protocolo de salud mental y un sistema de notificación en los centros de salud que permitirá identificar posibles casos de abusos, agresiones y situaciones de violencia.

El objetivo es que, ante la llegada de personas heridas o con indicios de transgresiones, las autoridades puedan ser alertadas de inmediato para facilitar la investigación de la Policía y prevenir nuevas tragedias.

“Trabajamos en un diseño donde nos notifiquen las situaciones que van a los centros de salud, que pueden indicar que hay una transgresión a una menor de edad o una violación sexual o una agresión a un anciano; demostrar abusos, para que la Policía pueda investigar con personas que llegan heridas de bala o de armas blancas, que cuando llegue a un centro de salud pueda hacer también la Policía saber qué está ocurriendo para investigar si realmente fue un accidente o si se debió a otra situación”, indicó la ministra.

Tras concluir la reunión número 105 de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña, también afirmó que están comprometidos con una labor preventiva en las escuelas, para tener información a tiempo acerca de situaciones en los centros educativos que puedan despertar una alerta.

“Cada uno de los homicidios no son solo un desafío para nosotros, sino que conmueven desde el punto de vista humano a todos los miembros de esta fuerza de tarea porque somos padres, hermanos, hijos y porque somos seres humanos antes que autoridades”, indicó.

Accidentes de tránsito bajan 54 % en autopista 6 de Noviembre, entre junio y julio

La ministra Raful informó que los accidentes de tránsito registraron una reducción de 54 % entre junio y julio en la autopista 6 de Noviembre, por las labores preventivas reforzadas de la Fuerza de Tarea Conjunta desde hace dos meses en esa importante vía, labor que también es desplegada en otras transitadas carreteras, para preservar vidas.

Advirtió que los siniestros viales siguen siendo un dolor de cabeza en el país, que arrebatan la vida sobre todo de los jóvenes de entre 18 y 28 años. Precisó que muchas de las colisiones de tránsito están vinculadas a cruces irregulares y a carreras clandestinas.

Destacó también que el trabajo de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), junto con la Policía Nacional y la Comisión Militar y Policial (Comipol), ha permitido la incautación de motocicletas preparadas para calibraje y carreras ilegales, lo cual evitado una mayor cantidad de accidentes.

Raful lamentó profundamente el accidente ocurrido el pasado fin de semana en la provincia La Altagracia, que dejó múltiples personas fallecidas y heridas. Al respecto detalló que, según investigaciones preliminares, la tragedia fue provocada por la imprudencia de un conductor bajo los efectos del alcohol, lo que, aseguró, “debe llamar a la reflexión y crear conciencia nacional sobre la necesidad de cuidarnos entre todos”.

En agosto hubo 111 homicidios y 887 en lo que va de año

Sobre los homicidios, Raful calificó como terribles los casos ocurridos en las últimas horas. Precisó que, según lo documentado por la Policía Nacional hasta el viernes, la cifra de este flagelo sigue en 8.3 por cada 100,000 habitantes.

Informó que en agosto registraron 111 víctimas del flagelo, con lo que suman 887 en lo que va de 2025; 25 demarcaciones permanecen con incidencia en solo dígito, y nueve por encima. En tanto, la cifra de heridos por violencia presenta una franca tendencia a descender, con 167 casos menos, gracias a la efectividad en la operatividad de la Fuerza de Tarea y los trabajos preventivos.

La funcionaria reiteró que la política de seguridad del Gobierno está fundamentada en el respeto a los derechos humanos y en la corresponsabilidad social.

Recordó que más de 100 agentes policiales han sido sometidos a la justicia este año por malas prácticas o corrupción, como parte de la reforma institucional.

“La política del Estado Dominicano es una política que garantiza el respeto a los derechos humanos, sustentada no solo en la palabra empeñada del presidente Luis Abinader, sino en decretos presidenciales que respaldan la transformación de la Policía Nacional”, enfatizó.