Ramón Cruz Benzán
Santo Domingo, RD
Visto y acusado como figura clave de una presunta red corrupta que amasó una fortuna por medios ilícitos en perjuicio del Estado, el mayor general Adán Cáceres Silvestre, responsable de la dirección del cuerpo de seguridad del expresidente Danilo Medina, ya conoce de los cargos y su gravedad penal contenidos en el expediente presentado ayer en su contra por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la Dirección de Persecución.
El expediente
El Ministerio Publico explicó que en el transcurso de las investigaciones de cientos de casos de corrupción que tiene abiertos y que ha denominado Operación Antipulpo, ha podido identificar factores comunes, en lo que respecta a su autor central, en algunos casos por acción y en otros con una dinámica típica del autor mediato.
Cita que uno de los tentáculos militares y policiales de este entramado criminal cometía acciones directas y en otras ocasiones su autor mediato, aprovechando sus funciones, cercanía y apoyo irrestricto del principal ejecutivo del país.
Explica que cometió una serie de acciones que se resumen en tipos penales graves y que precisarán en el detalle de la presente imputación preliminar de cargos.
El expediente para solicitar medidas de coerción indica que los imputados crearon un entramado militar-policial, societario y religioso como un mecanismo de utilizar y ocultar sus objetivos reales para granjearse una aceptación social a través de dadivas que no representaban cantidades de mayor importancia frente a los al menos tres mil millones que obtuvo el entramado.
“En el discurrir de la imputación el tribunal podrá observar que el entramado criminal utilizaba militares y policías que se prestaron para hacer millonarias transacciones sin justificación de la procedencia de los recursos, ya que realmente eran fondos detraídos del patrimonio púbico, a través de instituciones castrenses y otras organizaciones”, precisa el expediente acusatorio.
Dentro de todo el redondel oficial para alojar evidencias de la investigacion, a Cáceres Silvestre se le atribuye haber manejado más de tres mil millones de pesos, y de prueba le son numerados 14 inmuebles y 10 empresas millonarias que ya fueron intervenidas.
Al llegar hasta este ruedo de la “Operación Coral”, los fiscales actuantes están confiados en la solidez de sus pruebas y el rigor de las investigaciones.
Todo consta en la solicitud de medida de coerción depositada ayer por el Ministerio Público ante el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional en contra de Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán Sánchez, Tanner Antonio Flete Guzmán, Rafael Núñez de Aza y Raúl Alejandro Girón Jiménez.
Contra el grupo, recluido en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, el Ministerio Público ha solicitado al tribunal imponerle un año de prisión preventiva y declare complejo este caso, debido a la cantidad de imputados y a la gravedad de los hechos que les atribuyen a estas cinco personas, fruto de meses de investigación.
En la instancia de medida de coerción se acusa al grupo de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de la corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
La audiencia
Será mañana miércoles, a las 11 de la mañana, cuando será conocido en audiencia el pedido de medidas de coerción a los imputados. Mirna Ortiz, la fiscal coordinadora de investigación del Pepca, llegó al tribunal cuatro minutos antes de las 3:00 de la tarde, cuando se vencía el plazo de 48 horas que establece la Constitución para que una persona sea sometida a la justicia o dejada en libertad.
EVIDENCIAS
Lo que consta en el expediente
Más bienes.
Otros bienes reportados en el expediente son una edificación de dos niveles construida en la avenida Ortega y Gasset; un residencial en Colina del Oeste con edificación múltiple, con portón ubicada en la calle Cordillera Central; un local en la Plaza San Martín, en la avenida San Martín de Villa Juana, y un apartamento en la República de Colombia en Santo Domingo Oeste.
También el local “Shalom Tierra de Paz” ubicado en la avenida Nicolás de Ovando Cristo Rey, está última, según el Ministerio Público, funcionaba la iglesia que encabezaba la Pastora, que realizaba actividades de índole social y caritativas a través de la ONG del templo religioso, y que no reportaba las ofrendas o los ingresos percibidos por parte de los feligreses, igual que las donaciones.