Córdoba, Argentina– La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) finalizó con éxito la actualización de la histórica Declaración de Salta, de 2018. El documento, ahora conocido como «Declaración de Salta II», fue aprobado en el cierre de la Asamblea General de Córdoba, también en la República Argentina. La actualización adapta el texto original a los retos que enfrenta la libertad de prensa en el nuevo entorno digital.

Entre los temas clave que aborda esta nueva versión destacan la inteligencia artificial; la opacidad de los algoritmos, que puede fomentar la polarización y la difusión de desinformación, minando así el debate público; las disrupciones comerciales generadas por las grandes empresas tecnológicas, que concentran el mercado de la publicidad, y el derecho de propiedad intelectual, cuyo respeto es fundamental para la viabilidad económica del periodismo.

La Declaración de Salta II subraya que los derechos a las libertades de expresión y de prensa deben ser garantizados tanto en el ámbito analógico como en el digital, lo que implica que las regulaciones sobre internet, IA y otras tecnologías deben respetar los derechos humanos y asegurar un acceso libre y neutral a la red. Además, se establece la necesidad de que los gobiernos no interfieran en el acceso a la información a través de censura previa y tampoco mediante sanciones a quienes critiquen a las autoridades en el espacio digital.

El proceso de actualización de la Declaración de Salta fue un esfuerzo colectivo que involucró una amplia consulta, mediante la convocatoria a más de 150 personas y organizaciones representantes de medios, empresas tecnológicas y de comunicación internacionales, centros de pensamiento, organizaciones intergubernamentales de derechos humanos, la sociedad civil, académicos, periodistas y abogados, para que aportaran insumos.

Bajo la coordinación de los copresidentes de la Subcomisión de Salta II, Martín Etchevers y Gustavo Mohme, se garantizó una consulta diversa y plural, para asegurar que los distintos puntos de vista fueran escuchados y considerados.

Uno de los aspectos más importantes introducidos en la Declaración es la protección de los derechos de autor y la compensación justa para los medios de comunicación y periodistas por el uso de sus contenidos en plataformas digitales y motores de IA, un tema cada vez más relevante a medida que las grandes empresas tecnológicas generan beneficios directos e indirectos utilizando estos contenidos. Se hace énfasis en que los intermediarios tecnológicos, incluidos los desarrolladores de sistemas de IA, respeten los derechos de propiedad intelectual y adopten medidas para evitar prácticas que afecten la libre competencia y la diversidad informativa.

Durante los foros de debate en la Asamblea, la SIP marcó una diferenciación entre las grandes empresas tecnológicas y su actitud frente a los medios de comunicación en términos de diálogo y colaboración, así como respecto de los esfuerzos realizados para combatir la desinformación. En particular, fueron reconocidos los programas que Google News Initiative, presente en la reunión, viene desarrollando con la SIP. En un principio de la propia Declaración, se señala que aquellos actores tecnológicos que desconocen o eluden los marcos regulatorios que los involucran atentan contra el derecho a la información y la libertad de prensa.

Además, la nueva Declaración pone el foco en la responsabilidad de los estados en cuanto a la protección de los periodistas y medios de comunicación frente a la violencia digital, el acoso y la ciber vigilancia. Se insta a los gobiernos a garantizar un ambiente libre de violencia y ataques cibernéticos contra quienes ejercen la función de informar, así como a investigar y sancionar rápidamente cualquier agresión.

El proceso que concluyó con la aprobación de la Declaración de Salta II se inició en 2023, con el objetivo de responder a los cambios tecnológicos acelerados y a los desafíos emergentes que afectan tanto a la libertad de expresión como a la sostenibilidad de los medios de comunicación.

Finalmente, tras un largo proceso de reflexión, debate y consulta interna, el texto fue sometido a la revisión de expertos internacionales de renombre, quienes contribuyeron a darle el último toque a este documento visionario. La Declaración de Salta II permite a la SIP continuar ejerciendo un rol de liderazgo en la defensa de la libertad de expresión y de prensa, reafirmando su compromiso de luchar por los valores fundamentales del periodismo y de la industria de los medios en este nuevo contexto digital.

Con esta actualización, la SIP reafirma su papel como defensora de la libertad de prensa y se posiciona como un actor clave en el diálogo sobre cómo deben abordarse las tecnologías digitales para garantizar un acceso a la información libre, diverso y de calidad, al mismo tiempo que se protege la viabilidad económica del periodismo independiente.

La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a defender y promover la libertad de prensa y expresión en las Américas. Está integrada por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.