Washington (EFE).- Estados Unidos sancionó este miércoles a 21 altos cargos de Venezuela a los que acusa de «represión» y de intentar «robar las elecciones» presidenciales del 28 de julio, en las que se proclamó la reelección de Nicolás Maduro, un resultado cuestionado por la oposición y parte de la comunidad internacional.
Esta nueva ronda de sanciones llega después de que la Administración de Joe Biden, que el próximo 20 de enero pasará el relevo al republicano Donald Trump, reconociera al opositor Edmundo González Urrutia como el «presidente electo» de Venezuela.
Dentro de la lista de sancionados por el Departamento del Tesoro está el ministro de Despacho de la Presidencia, Aníbal Coronado; el de Comunicación, Freddy Ñáñez, y el de Servicios Penitenciarios, Julio García Zerpa.
También hay altos mandos de la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), a los que acusa de «reprimir violentamente las manifestaciones pacíficas» tras las elecciones.
Entre ellos está Alexis Rodríguez Cabello, director del SEBIN y primo del ministro de Interior, Diosdado Cabello, y también el jefe de la DGCIM y de la Guardia de Honor Presidencial, Javier Marcana Tabata.
Bajo esta decisión quedan bloqueadas todas las propiedades de los sancionados en Estados Unidos y se prohíbe llevar a cabo transacciones financieras con esas personas.
Hasta la fecha, el Tesoro estadounidense ha sancionado a 150 venezolanos y a un centenar de entidades del país caribeño por acometer «acciones antidemocráticas».
El Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó en los comicios del 28 de julio la reelección de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, pero el organismo no ha publicado las actas con los resultados desagregados de las elecciones.
La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal coalición opositora del país, presentó por su parte unas actas que dan la victoria a su candidato, González Urrutia, quien desde septiembre se encuentra exiliado en España denunciando una persecución de las autoridades venezolanas.
En una entrevista con EFE el pasado lunes, González Urrutia confirmó su intención de viajar a Caracas para asumir el cargo el 10 de enero y sostuvo que está «moralmente preparado» para su eventual detención en Venezuela.
«Nicolás Maduro y los que lo rodean nunca antes habían estado tan aislados», dijo este miércoles un alto funcionario estadounidense en una llamada con periodistas.
Estados Unidos reconoció en agosto a González Urrutia como el ganador de las elecciones debido a la «abrumadora evidencia» de su victoria, y el 19 de noviembre lo nombró por primera vez como «presidente electo», un paso que España no ha dado por ahora.
El alto funcionario estadounidense dijo al respecto que corresponde a cada país tomar este tipo de decisiones y remarcó que hacer ese reconocimiento «añade presión» sobre Maduro.
En 2019, la primera Administración de Trump lideró el reconocimiento internacional del entonces líder opositor venezolano Juan Guaidó como «presidente interino» del país, pero este nunca tuvo un poder efectivo.
Durante la actividad, De Peña Díaz hizo entrega a Guerrero Sánchez de dos ejemplares de los libros de Horacio Julio Ornes Coiscou sobre el «Desembarco de Luperón, el comandante de la expedición» y de don Tulio Arvelo,»Cayo Confite y Luperón», los cuales han sido reeditados con motivo de la conmemoración del 75 aniversario de esta expedición.
El encuentro, organizado por el Ministerio de Energía y Minas en colaboración con la Organización Latinoamericana de Energía (Olade) y Huawei, centró su debate en el papel fundamental del almacenamiento de energía en la transición hacia un sistema energético más limpio y eficiente.
cordó que el pasado mes el SRSM recibió con alegría el reconocimiento que le otorga la DIGEIG, que dirige la doctora Milagros Ortiz Bosch, por su desempeño con la transparencia y el acceso a la información, y por haber cumplido con los estándares en el Ranking de Transparencia y garantizar el derecho de Libre Acceso a la Información Pública”.
obre los conflictos de intereses, puntualizó que los recursos y los bienes de la institución no son para uso personal, y que no debemos caer en el soborno, porque no solo nos afecta como personas, sino obviamente a la institución, a quienes la dirigen y a los ciudadanos que reciben los servicios.
