HOMESTEAD, Florida, EE.UU. (AP) — El día antes de la toma de posesión del presidente Donald Trump, una docena de familias de inmigrantes llegaron al rancho de Nora Sandigo para pedirle que fuera la tutora legal de sus hijos. Ahora insisten en que vaya a sus casas para firmar la documentación necesaria.

Es la consecuencia de las muchas formas en que los inmigrantes que se encuentran en situación irregular en Estados Unidos han cambiado sus patrones de viaje, ya que muchos intentan quedarse en casa tanto como les es posible y evitan ir a los hogares y oficinas de activistas como Sandigo.

Muchos temen verse atrapados en una operación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) después de que Trump prometiera deportaciones masivas durante la campaña electoral y haya eliminado programas que habían dado a los inmigrantes una vía legal de entrada al país.

En las últimas semanas, Sandigo ha recibido cientos de llamadas de padres migrantes de todo Estados Unidos. Contó que ha estado en al menos 15 casas donde los progenitores han rellenado los formularios para que ella pueda firmar documentos en nombre de sus hijos en escuelas, hospitales y tribunales si son deportados. El poder notarial también le permite ayudar a los niños a viajar para reunirse con sus familias.

“Ahora nos están diciendo que tienen miedo de salir a la calle, que tienen miedo conducir, que tienen miedo que en la calle los detengan”, dijo Sandigo, una madre de dos hijas de 59 años que vive en Homestead, una ciudad de unos 80.000 habitantes al sur de Miami. “Me han pedido que, en lugar de ellos llegar a donde yo me encuentre, yo vaya a donde ellos”.

La Casa Blanca afirmó que más de 8.000 inmigrantes que estaban en el país sin la documentación pertinente han sido arrestados desde el regreso de Trump a la presidencia el 20 de enero. ICE promedió 787 detenciones al día entre el 23 y el 31 de enero, frente a la media diaria de 311 del período de 12 meses que terminó el 30 de septiembre durante el mandato de Joe Biden. La agencia ha dejado de publicar el total diario de arrestos.

En Homestead, donde muchos inmigrantes de México y Centroamérica viven y trabajan en viveros y campos de frutas y verduras, algunos evitan los supermercados y en su lugar le piden a los vecinos que les hagan la compra. Ya no hay hombres buscando trabajo frente a tiendas como Home Depot. Otros han dejado incluso de ir a la Iglesia del Sagrado Corazón los domingos.

“La gente ha dejado de venir y cuando viene pregunta si por aquí vino la migración o no”, apuntó Elisaul Velazco, dueño de una tienda de ropa en el centro, refiriéndose a los funcionarios del ICE. “Todo está paralizado. Las ventas han bajado un 60%”.

Los padres temen que los separen de sus hijos

Ahora es ella quien acude a esos padres, en lugar de al contrario.

Un domingo reciente, visitó cuatro casas y recibió documentación que afectaba a más de 20 niños. En algunos casos, los menores nacieron en Estados Unidos y tienen la ciudadanía. Los documentos no le otorgan la tutela legal completa ni le transfieren los derechos parentales, sino que simplemente le permiten tomar decisiones en su nombre.

La mayoría de los padres temen que, si no nombran a un tutor legal, sus hijos entrarán al sistema de acogida temporal, perderán sus derechos parentales y alguien los adoptará.

Visitando los hogares de padres inmigrantes

Julia, una guatemalteca de 36 años que insistió en identificarse únicamente con su primer nombre por miedo a la deportación, esperó unos minutos antes de abrir la puerta a Sandigo mientras un grupo de personas salía corriendo por la puerta trasera.

“Soy yo, Nora, la señora que llamaste por teléfono para que venga”, le dijo Sandigo.

Julia abrió la puerta un poco, vio a Sandigo y salió. Explicó que su esposo había sido detenido días antes mientras iba con camino a una obra en una furgoneta con otros migrantes.

Después de una breve conversación, Julia invitó a Sandigo, a un notario y a un voluntario a su pequeña casa.

Julia recordó que hace ocho años, su primer esposo, también guatemalteco, fue deportado y se quedó sola en el país con sus dos hijos estadounidenses, que ahora tienen 18 y 11 años.

“Nosotros tenemos miedo. Me siento muy triste con la vida por todo lo que estoy pasando”, dijo Julia, con la voz quebrada y los ojos llorosos.

El notario le pidió que le mostrara el certificado de nacimiento de su hija y le explicó que su hijo es ya un adulto y no necesita un tutor.

“No quiero que me quiten a mis hijos. Si me pasa algo, los quiero a mi lado”, añadió antes de firmar el poder notarial que nombra a Sandigo como la tutora legal de la pequeña.

En el patio trasero de otra casa, Albertina, una madre mexicana de 36 años, sostenía a su bebé de dos meses en brazos mientras explicaba lo que quiere para sus seis hijos si es deportada. Albertina también insistió en que solo se usara su primer nombre.

“Tengo mucho miedo que me agarren en el camino y me lleven. ¿Qué va a pasar con ellos?”, se preguntó acerca de sus hijos.

Si eso ocurre, le pidió a Sandigo que cuide de las dos hijas mayores, de 15 y 17 años, porque no quieren ir a México, pero que mande a los cuatro a su país de origen.

Sandigo ha sido tutora de 2.000 menores

Sandigo se identifica con las familias a las que ayuda. Católica devota, huyó de Nicaragua cuando tenía 16 años dejando atrás a sus padres luego de que el gobierno sandinista confiscara la granja de su familia. Ahora es ciudadana de Estados Unidos.

Comenzó a ofrecerse como tutora legal para niños migrantes hace unos 15 años. Desde entonces, unos 22 hijos de padres deportados han vivido temporalmente en su casa. Más de 2.000 han estado bajo su tutela, aunque algunos son ya adultos. Sandigo dijo que ha asistido a cientos de esos niños.

“Siento empatía por ellos, solidaridad, amor por Dios. Quiero hacer algo», aseveró.