Washington (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, ha arrancado su segundo mandato con una avalancha de órdenes ejecutivas que buscan expandir los poderes del Ejecutivo, desafiando la separación de poderes en Estados Unidos y enfrentándose abiertamente a la judicatura, hasta ahora su principal obstáculo.

Desde su regreso a la Casa Blanca el 20 de enero, Trump ha firmado más de 60 órdenes ejecutivas, una cifra sin precedentes en los últimos 40 años.

Ha intentado revocar la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados -un derecho consagrado en la Constitución-, ha suspendido nuevas solicitudes de asilo y, sin previo aviso al Congreso, ha congelado el gasto federal y clausurado varias agencias gubernamentales.

‘Inundar la zona’

Varios expertos legales advierten que esta avalancha de decretos marca un cambio sin precedentes en la concepción del poder presidencial.

A diferencia de su primer mandato (2017-2021), esta vez Trump ha desplegado con mayor eficacia una estrategia ideada por el ultraderechista Stephen K. Bannon, conocida como ‘flood the zone’ (inundar la zona), que consiste en abrumar a la oposición demócrata, a los medios e incluso a los jueces con un alud de acciones que les impide reaccionar a tiempo.

Hasta ahora, los demócratas no han logrado articular una respuesta efectiva, en parte porque carecen de poder en Washington, ya que los republicanos controlan ambas cámaras del Congreso. Por eso, los jueces han sido el principal freno a la agenda de Trump, bloqueando temporalmente algunas de sus medidas más controvertidas.

A pesar de algunos bloqueos puntuales, Trump no se deja amedrentar y parece encaminado hacia un choque directo con la judicatura que podría terminar en el Tribunal Supremo.

De hecho, algunos expertos legales sostienen que su objetivo es precisamente ese: reforzar el poder presidencial mediante una avalancha de decretos, con la esperanza de que la mayoría conservadora del Supremo respalde su visión expansiva del Ejecutivo.

Trump parte con una ventaja en el Tribunal Supremo, donde seis de los nueve jueces -incluidos tres designados por él en su primer mandato- son conservadores.

Además, el año pasado, el tribunal falló a favor de otorgar a Trump y a todos los futuros presidentes una amplia inmunidad por acciones realizadas en el ejercicio de sus funciones, lo que en la práctica supuso una expansión sin precedentes del poder presidencial.

Si el Tribunal Supremo respalda algunas de sus medidas más radicales, Trump podría consolidar su capacidad para transformar la Administración pública y la asignación de fondos, debilitando al Legislativo y reduciendo significativamente la capacidad de la judicatura para intervenir en sus decisiones.

Desobedecer a la Justicia

En paralelo a su estrategia en el Tribunal Supremo, Trump ha insinuado que podría negarse a acatar fallos judiciales que limiten su poder.

En declaraciones a la prensa esta semana en el Despacho Oval, Trump cargó contra los jueces que han fallado en su contra. «Quizá tengamos que revisar a los jueces, porque es algo muy serio. Creo que es una violación grave», afirmó, sin precisar qué medidas podría tomar.

El vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, ha sido más directo. «Los jueces no pueden controlar el legítimo poder del Ejecutivo», escribió en X esta semana, reafirmando una opinión que ya expresó en 2021 en un pódcast en el que sugirió que, si Trump regresaba al poder, debía ignorar cualquier orden judicial en su contra.

Elon Musk, al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), encargado de reducir el tamaño de la Administración pública, también ha defendido esa idea en X, donde llegó a escribir: «Si CUALQUIER juez en CUALQUIER lugar puede detener CUALQUIER acción presidencial en TODAS partes, entonces NO vivimos en una democracia».

Sin embargo, el alcance de esta estrategia de desobediencia sigue siendo incierto, así como sus posibles consecuencias. En teoría, un juez podría declarar a Trump en desacato por desobedecer un fallo, lo que en teoría podría derivar en cargos penales o civiles, pero no está claro qué ocurriría si el acusado es el propio presidente de Estados Unidos.

El precedente más cercano se remonta a la Presidencia de Andrew Jackson (1829-1837), quien en 1832 desafió abiertamente un fallo del Tribunal Supremo, que como órgano no tiene capacidad efectiva para hacer cumplir sus decisiones. Según se le atribuye, Jackson dijo entonces la célebre frase: «John Marshall ha tomado su decisión; ahora que la haga cumplir».

Casi 200 años después, Trump parece decidido a llevar ese desafío aún más lejos, en un pulso sin precedentes con el poder judicial.