Por Víctor Cespedes Mejía
I. Los principales actores en el proceso de justicia
Los roles de los actores esenciales en el sistema judicial se definen de la siguiente manera:
- Víctima: Persona que alega haber sufrido un daño o menoscabo como consecuencia de un hecho punible.
- Imputado: Persona a la que se le atribuye la comisión de un hecho que la ley señala como delito.
- Ministerio Público (MP): Representante de los intereses de la sociedad, encargado de la dirección de la investigación con la facultad de ejercer la acción penal o de solicitar su desestimación (principio de objetividad, actuando tanto con cargo como con descargo).
- Poder Judicial (Jueces): Rol primordial de administrar justicia, garantizar la legalidad y asegurar un proceso justo con estricto apego a la Constitución.
- Defensor: Abogado cuya función es garantizar el derecho de defensa y representar activamente los intereses del imputado.
- La Constitución: Marco normativo fundamental cuyo rol es garantizar los derechos fundamentales y el debido proceso para todos los involucrados.
II. Desafíos en la aplicación práctica en la República Dominicana
Llevar estos principios a la práctica en la República Dominicana se torna complejo. El sistema judicial está saturado y presenta significativas lagunas de forma y fondo que menoscaban la plena garantía del debido proceso y atentan contra los derechos de los intervinientes.
A. Factores que contribuyen a la saturación del sistema
- Desconocimiento Ciudadano: El cúmulo de trabajo en el ámbito jurídico es, en parte, producto de la poca inversión del Estado dominicano en la educación cívica y jurídica de niños y jóvenes. La falta de formación básica sobre las leyes principales y la Constitución propicia una ignorancia generalizada en materia de responsabilidad jurídica y el régimen de consecuencias por los actos realizados.
- Falta de Interés en Mecanismos Alternos: Se observa una marcada falta de interés del Ministerio Público en la conciliación y la mediación. Esto lleva a que incidentes que podrían resolverse mediante una intervención comunicacional entre las partes y los fiscales terminen judicializándose. Cada incidente se convierte en un nuevo caso legal, aumentando el volumen de expedientes, generando un mayor gasto para los involucrados y sobrecargando a jueces y fiscales. Aunque estos profesionales están formados para la materia, la sobrecarga constante afecta su capacidad de dirimir casos con la celeridad y la ponderación necesarias.
B. Condiciones laborales y fallas operativas
Las condiciones laborales en que se desarrolla el personal del tren judicial (investigadores y juzgadores) no siempre garantizan una vida digna. Esta situación es un factor promotor de importantes fallas en el sistema, tales como:
- Falta de voluntad o recursos para desarrollar una correcta investigación.
- Insuficiencia de tiempo para ponderar decisiones basadas en la justicia.
- Dilatación injustificada de las sentencias.
- Una línea de decisiones que pueden ser anticostitucionales, afectando directamente la estabilidad del sistema.
III. Urgencia de intervención y reformas necesarias
Se hace necesaria una intervención integral y directa en nuestro sistema de justicia para lograr un funcionamiento eficiente que permita a los ciudadanos tener la tranquilidad de que sus derechos fundamentales serán garantizados, tal como lo establece nuestra Constitución.
Temas críticos que requieren revisión urgente incluyen:
- El uso excesivo y la justificación de la prisión preventiva en casos donde el Ministerio Público la solicita.
- Las condiciones inhumanas en el sistema penitenciario.
- La obligatoriedad de revisiones periódicas de las medidas de coerción.
- La lentitud para obtener la libertad una vez dictada una sentencia absolutoria.
- Las citaciones ambiguas o mal intencionadas y las decisiones judiciales sin la debida verificación de las garantías procesales.
El sistema judicial, con sus debilidades, convierte el proceso en un calvario e incertidumbre para quienes deben enfrentarlo. Pareciera que la privación de libertad se vuelve un hecho casi automático desde el momento en que el Ministerio Público realiza una acusación.
Los jueces, en virtud de estas debilidades sistémicas, asumen la gran responsabilidad de evitar que las cárceles sigan inundándose de internos que, en su mayoría, podrían enfrentar su proceso en libertad o con una medida de coerción menos gravosa.
Esperamos que en un futuro inmediato se implementen cambios positivos que fortalezcan el Estado de Derecho, en beneficio de todos los actores y de una República Dominicana sólida en materia de justicia y constitucionalidad.
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Att. Lic Víctor Cespedes Mejía. Abogado constitucionalista/ penalista .
