Aseguran que la decisión busca complacer al general Guzmán Peralta
Santo Domingo, RD. – Diversas instituciones y gremios periodísticos de la República Dominicana cuestionaron con dureza la decisión de la magistrada presidenta del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
La jueza Patricia Padilla impuso medidas cautelares contra los comunicadores Ramón Miguel Gutiérrez Jerez (Nelson Gutiérrez) y Joan René Santana (El Francotirador), en lo que los gremios consideran un intento de complacer al exdirector de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta, quien los acusa de presunta difamación, injuria y calumnia.
Durante una rueda de prensa celebrada este jueves 19 de marzo en la sede del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), los dirigentes calificaron la actuación de la magistrada como una extralimitación y un abuso de poder.
Denunciaron que esta medida representa un acto de intolerancia que viola los principios fundamentales de la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo en el país.
La postura fue respaldada por Luis Pérez (CDP), Gabriel Cruz (IPPP), Nelson Gutiérrez (CONADEHU), René Polanco (Círculo de Reporteros Gráficos) y Olivo De León (MMV). A ellos se sumaron directivos del SNTP, Luis Ney Romero (CDL) y representantes de REJMECOM, quienes coincidieron en que no tolerarán más atropellos de esta naturaleza contra los profesionales de la comunicación.
Los gremios calificaron de «deplorable» la actitud de la jueza Padilla al imponer a Gutiérrez una garantía económica de 500 mil pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país, mientras que para Joan René Santana se dictó la medida de presentación periódica. Criticaron especialmente que se obligara a Gutiérrez a pagar la garantía para evitar el arresto preventivo antes de la lectura formal de la sentencia, programada para el próximo 22 de marzo de 2026, calificando este proceder como arbitrario y violatorio de derechos.
Por su parte, Nelson Gutiérrez reiteró que sus denuncias están sustentadas en una auditoría interna de la propia Policía Nacional (memorándum 8821). Según el comunicador, dicho informe revela anomalías por un monto aproximado de 441 millones de pesos durante la gestión de Guzmán Peralta en la DIGESETT, involucrando maniobras fraudulentas en compras, pagos y cajas chicas, así como a sus asistentes especiales, el mayor Omar Cabrera y el capitán Rodolfo Ramírez.
Los representantes legales y gremiales informaron que, una vez se notifique formalmente el fallo, procederán a apelar la decisión en busca de justicia.
Recordaron que Gutiérrez actuó con responsabilidad al entregar copias de dicha auditoría tanto al presidente Luis Abinader como a los magistrados Wilson Camacho y Mirna Ortiz, titulares del PEPCA, para que se investigue el presunto desfalco.
