San Salvador (EFE).– El Gobierno del presidente Nayib Bukele propuso este martes a la Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el gobernante partido Nuevos Ideas (NI), una reforma constitucional para que se permitan la cadena perpetua para «homicidas, violadores y terroristas».
La propuesta la presentó el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, y busca modificar el inciso segundo del artículo 27 de la Constitución, que prohíbe «la prisión por deudas, las penas perpetuas, las infamantes, las proscriptivas y toda especie de tormento».
La nueva redacción, que podría aprobarse hoy y posteriormente ratificarse, establece que «la pena perpetua solo se impondría a los homicidas, violadores y terroristas», entre los que se incluyen a los pandilleros.
Villatoro adelantó que esta modificación constitucional supondrá cambios en el Código Penal, la Ley Penal Juvenil, la Ley Contra Actos de Terrorismo y otras secundarias, para adaptarlas a la nueva redacción del artículo 27.
Críticas de defensores de derechos humanos
Por su parte, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, dijo que seguirán «cada uno de los pasos» para la reforma, que podría aprobarse «hoy mismo» para su posterior ratificación.
«Vamos a recibir todas esas reformas penales que se necesitan para homologar» con la modificación constitucional y para que «sea posible en este país aplicar la cadena perpetua a los violadores, homicidas y terroristas», agregó Castro.
En enero de 2025, la Asamblea Legislativa ratificó una polémica reforma que permite cambios exprés a la Constitución en una misma legislatura, cuando anteriormente estas enmiendas necesitaban la votación de dos legislaturas diferentes.
Con esta enmienda, son necesarios 45 de los 60 diputados para aprobar y ratificar -en un mismo día- reformas, y con esta el partido gobernante ha avalado la elección presidencial indefinida, entre otros cambios a la Constitución.
La propuesta del Gobierno de Bukele para permitir la cadena perpetua llega a unos días de que se cumplan cuatro años bajo el régimen de excepción que se aprobó en marzo de 2022 para combatir las pandillas, acusadas de cometer la mayoría de homicidios en el país centroamericano, considerado durante años como uno de los más violentos del mundo.
Bajo el régimen de excepción se han encarcelado a más de 91.300 personas acusadas de ser pandilleros o tener vínculos con esos grupos, y han muerto bajo custodia de agentes del Estado al menos 500 detenidos, lo que ha encendido las alarmas de los defensores de derechos humanos.
