SANTO DOMINGO, R.D. – El abogado Amadeo Peralta, especialista en la persecución de crímenes y fraudes financieros, advirtió de manera categórica que las personas que utilicen las redes sociales para difundir rumores falsos sobre la liquidez del Banco de Reservas se enfrentan a graves consecuencias jurídicas.
El jurista señaló que estas acciones, que incluyen la realización de videos instando a la población a retirar su dinero, están tipificadas como delitos graves que atentan contra la estabilidad económica del país.
Peralta explicó que este tipo de campañas difamatorias están sancionadas por la Ley Monetaria y Financiera en su artículo 80, el cual contempla penas de prisión que oscilan entre los 3 y 10 años, además de multas que van desde los RD$500,000.00 hasta los RD$2,500,000.00.
El especialista fue enfático al exhortar a los ciudadanos a no sumarse ni difundir estas informaciones para evitar enfrentar procesos judiciales severos antes de que finalice el año 2026, subrayando que la ley se aplicará con rigor contra quienes pongan en riesgo el sistema financiero.
Asimismo, el jurista reveló que las autoridades dominicanas, incluyendo la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), la Superintendencia de Bancos y el Ministerio Público, están realizando un rastreo minucioso en todas las plataformas digitales para identificar a los autores de estos videos, incluso si se encuentran fuera del territorio nacional.
Al ser considerado un tema de seguridad nacional por el riesgo sistémico que representa, Peralta aseguró que se están recabando todas las evidencias para proceder con los arrestos y solicitar medidas de coerción que podrían incluir prisión preventiva, arresto domiciliario o el uso de grilletes electrónicos.
El abogado hizo una distinción clara entre el derecho legítimo de un usuario a denunciar fraudes con tarjetas o mala gestión ante el departamento de ProUsuario y el acto de diseminar noticias falsas sobre la quiebra de una institución.
Según Peralta, mientras que lo primero es una vía de protección al consumidor ante posibles negligencias bancarias, lo segundo constituye un delito de acción pública que no solo conlleva cárcel, sino también demandas civiles por daños y perjuicios que podrían afectar directamente los bienes y el patrimonio de los imputados.
El especialista advirtió que el actual marco procesal penal contempla disposiciones que dificultan la situación de los procesados por estos delitos, especialmente en lo relativo a los contratos de fianza y las condenas pecuniarias.
Reiteró que el Banco de Reservas, como parte afectada, tiene la potestad de perseguir legalmente a los responsables hasta las últimas consecuencias, por lo que instó a la población a actuar con prudencia y responsabilidad en el uso de los medios digitales.
