Incorporan certificación de pagos irregulares por más de RD$922 millones procesados en solo siete días durante la transición presidencial del 2020
SANTO DOMINGO, RD.– El Ministerio Público presentó este lunes a otros cinco testigos en el juicio que se sigue contra los acusados en el entramado de corrupción que estafó al Estado con más de RD$4,500 millones, utilizando empresas vinculadas a los principales imputados para obtener contratos fraudulentos con el Estado.
La primera en declarar fue Rosanna Ramírez Paulino, con quien el Ministerio Público incorporó conduces de entrega de equipos médicos suministrados por la empresa Domedical Supply, S.R.L., vinculada al acusado Alexis Medina, en el Hospital Municipal Santo Cristo de los Milagros, en Bayaguana, provincia Monte Plata.
Los documentos presentados por Ramírez Paulino detallan los equipos entregados y la fecha real de su instalación, que estuvo a cargo de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).
Posteriormente, Marlín Elizabeth Ledesma Vásquez, en calidad de testigo, declaró que en el Hospital Toribio Bencosme, provincia Espaillat, solo recibió una parte de los equipos y mobiliarios prometidos por Domedical Supply, S.R.L.. Asimismo, se incorporó un informe de levantamiento en el que se detalla la falta de entrega de cientos de equipos, lo que evidenció el incumplimiento del contrato por parte de la empresa.
A continuación, el Ministerio Público presentó a Arys A. Emeterio Ramos, perito de informática forense del INACIF, quien presentó 11 informes periciales realizados a equipos electrónicos y dispositivos incautados durante la Operación Antipulpo.
Asimismo, Claudia María Cabral Dalder, directora de reconocimiento de deuda administrativa del Ministerio de Hacienda desde el 2020, fue otra de las testigos. Cabral Dalder aportó una certificación relacionada con siete solicitudes de pago a favor de Domedical Supply, S.R.L., presentadas por el condenado Francisco Pagán, por un valor de RD$922,074,848.60.
Dichas solicitudes estaban dirigidas al entonces ministro de Hacienda, Donald Guerrero, y fueron procesadas en un período de solo siete días, cuando lo habitual es que este tipo de pagos se tarden alrededor de dos meses. Cabral Dalder destacó que los expedientes de pago estaban incompletos, careciendo de registros de contratos, informes de supervisión y de recepción de los equipos.
Asimismo, señaló que le llamó la atención la rapidez con la que se gestionaron los pagos y que los siete expedientes, todos correspondientes al mismo acreedor, fueron tramitados el mismo día, en plena transición gubernamental, el 9 de julio de 2020.
Finalmente, el Ministerio Público presentó a Bienvenido Celestino Dumé, quien testificó que su nombre fue utilizado de manera fraudulenta en tres conduces de entrega de AC30 al Consorcio Tecnológico de la Construcción, donde se le identificaba como el chofer que transportó los materiales. Dumé declaró que nunca realizó esos viajes y que, en el año 2018, trabajaba para una empresa privada.
Además, indicó que fue sometido a una experticia caligráfica en el INACIF, ya que la firma en los documentos no era suya y no tenía ninguna relación con esa operación.
La audiencia continuará el próximo miércoles 23 de octubre, tras ser recesada por las juezas Claribel Nivar Arias, Arlín Ventura Jiménez y Yissel Soto Marte del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
