Por Wilson Rodríguez
Para cualquier país fortalecer las finanzas públicas y promover un desarrollo sostenible es transcendental, pero una reforma fiscal debe ser implementada de manera justa y equitativa, teniendo en cuenta las necesidades y capacidades de la población dominicana para garantizar el bienestar de la nación.
Es esencial que la reforma fiscal busque aumentar la recaudación de impuestos de manera eficiente, sin afectar de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables.
Además, es importante que se combata la evasión fiscal y se promueva la transparencia en la gestión de los recursos públicos.
Según una investigación de mercados Mogur Quali Latam de Mogur Grupo Empresarial, un 57.3% de la población está en contra de la reforma fiscal, mientras que un 19.4% la apoya. Un 23.3% de los encuestados indicó que no tiene una opinión formada sobre el tema.
La encuestadora mide de forma continua el sentir de la población sobre los principales temas que impactan República Dominicana.
Es más que significativo escuchar todos los sectores antes de que se ejecute o sea aprobada en el Congreso Nacional.
Los puntos más debatidos han sido la eliminación de los incentivos al sector turismo, inmobiliario, la industria textil, zonas francas y a la actividad cinematográfica.
Esto evidencia la necesidad de escuchar la opinión pública para comprender mejor las reacciones de la ciudadanía frente a decisiones clave del Gobierno.
Los participantes deben explicar de manera clara y precisa a los ciudadanos el impacto negativo de dicha reforma, porque por el momento el Gobierno solo ha señalado lo positivo.
La aprobación de la misma no puede ser a todo vapor como se evidencia en las asambleas ordinarias en el Congreso Nacional. Las autoridades deben tomar en cuenta a una población, que en su mayoría es de clase media baja y es la que paga los platos rotos.
El Gobierno debe negociar un pacto fiscal basado en el diálogo, la equidad, imparcialidad y honestidad.
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El autor es periodista y analista de comunicación
