Por Rafael Méndez

En plena Guerra Fría, cuando la República Dominicana vivía bajo la dictadura ilustrada de Joaquín Balaguer (1966-1978), el expresidente Juan Bosch planteó la necesidad de construir un amplio consenso de opinión que emplazara al gobierno a respetar el Estado de derecho.

“Había, pues, que hacer un esfuerzo para llevar al gobierno a su propia legalidad, es decir, hacerlo que respetara sus propias leyes, su propio Código Penal, su propia Constitución…”, sostuvo Bosch, desnudando así las contradicciones de un régimen que proclamaba apego a la legalidad mientras ejercía la represión, la arbitrariedad y el privilegio.

Ese planteamiento se convirtió en una estrategia de resistencia cívica frente a un gobierno que se sostenía en el autoritarismo, y que pretendía revestir de legalidad lo que en realidad eran excesos y atropellos.

Someter al régimen a su propia legalidad era exponer su incoherencia y desnudar la brecha entre discurso y práctica.

Hoy, en el escenario internacional, aquella propuesta de Bosch cobra nueva vigencia. Solo que ahora la quimera se traslada a los Estados Unidos. La comunidad internacional debería obligarlo a cumplir la legalidad que él mismo ha suscrito en tratados y acuerdos que consagran el respeto a los derechos humanos, la soberanía, la independencia y la autodeterminación de los pueblos y naciones del mundo.

Estados Unidos es signatario de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza salvo en defensa propia o por mandato del Consejo de Seguridad. También votó a favor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que coloca la dignidad humana como principio universal. Forma parte de la Carta de la OEA y de la Carta Democrática Interamericana, que obligan a los Estados a defender la democracia y el orden constitucional.

Práctica histórica

Sin embargo, en su práctica histórica, el país del norte ha actuado como si estuviera por encima de esa legalidad. Intervenciones militares, bloqueos económicos, sanciones unilaterales, golpes de Estado auspiciados y guerras justificadas bajo pretextos falaces, constituyen ejemplos de cómo la nación que predica la democracia ha negado con hechos su propio discurso. Irak, Panamá, República Dominicana, Granada, Libia y tantos otros pueblos saben de esa contradicción.

La retórica de la providencia

El trasfondo de esa doble moral se encuentra en una visión histórica que justifica la intervención en nombre de un supuesto destino manifiesto. “Dios depositó nuestros recursos naturales en otros países”, resume el análisis del escritor Jorge Majfud, citado en La frontera salvaje: 200 años de fanatismo anglosajón en América Latina.

Ya en 1851, el secretario de Estado Daniel Webster afirmaba que “el carbón es un regalo de la Providencia, guardado por el creador de todas las cosas en las entrañas de Japón para el beneficio de la familia humana”, reclamando que ese recurso debía estar disponible para Estados Unidos a un precio razonable.

Así se establecía una lógica que convertía en mandato divino la apropiación de recursos ajenos, legitimando la intervención bajo un barniz moral.

La retórica anglosajona ha evolucionado, pero el fundamento subyacente permanece: Estados Unidos se asume con derecho a explotar y administrar recursos externos para mantener su hegemonía.

En la era moderna, la “Agenda América Primero” reeditó esa lógica con un enfoque más crudo: priorizar los intereses estadounidenses por encima de compromisos multilaterales.

Así lo expresó la generala Laura Richardson, ex jefa del Comando Sur, al señalar que “a Washington le urge aprovechar al máximo la diversidad y riqueza en recursos naturales con que cuenta América Latina. Con todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras, tienes el triángulo de litio, que hoy en día es necesario para la tecnología. El 60% del litio del mundo está en el triángulo de litio: Argentina, Bolivia, Chile”.

El mensaje es claro: los recursos estratégicos depositados en América Latina son vistos como parte de la seguridad energética de Estados Unidos. Es la traducción contemporánea de aquel mandato divino que en el siglo XIX justificaba la presión sobre Japón por su carbón.

La paradoja: Hegemonía y lucha contra las drogas

La política de Washington frente al narcotráfico es otra muestra de su doble moral. Con despliegues navales y operaciones militares en el Caribe, asegura combatir el tráfico de estupefacientes que, según su retórica, amenaza con inundar al país. Sin embargo, Estados Unidos sigue siendo el mayor consumidor de drogas del mundo.

Como señala el analista internacional Andrés Hernández Alende, si la Casa Blanca se propusiera en serio acabar con este flagelo, debería comenzar por reducir la demanda interna. El consumo masivo de drogas es producto de la desigualdad social, la marginalidad, la desesperanza y la falta de acceso a servicios de salud mental.

Sin atacar esas causas estructurales, toda “guerra contra las drogas” será apenas un pretexto para intervenciones militares que desestabilizan a la región.
El problema de fondo es la paradoja de la hegemonía. Estados Unidos promueve el orden internacional basado en reglas, pero interpreta esas reglas a su conveniencia, aplicándolas a otros y eludiéndolas para sí mismo.

El resultado es un doble estándar que erosiona la confianza global y multiplica los conflictos.

Frente a esa realidad, surge la utopía de Bosch como un boomerang que regresa desde la política dominicana a la geopolítica mundial. Si en su tiempo la consigna era someter a Balaguer a su propia legalidad, hoy la quimera necesaria es que la comunidad internacional busque mecanismos para obligar a Estados Unidos a cumplir la legalidad internacional que ha firmado.

La quimera como necesidad histórica

Es cierto que parece una ilusión, porque el poder militar, económico y mediático de Washington impide que se le trate como a cualquier otro Estado. Pero la historia enseña que ninguna hegemonía es eterna y que los pueblos, cuando actúan unidos, logran revertir las asimetrías.

La multipolaridad emergente, la resistencia de naciones que no se pliegan al mandato imperial y el avance de bloques alternativos son señales de que la quimera podría convertirse en necesidad histórica.

Lo que Bosch pensó para una dictadura de doce años en República Dominicana, bien puede ser el espejo que el mundo levante hoy frente al imperio. Porque si Estados Unidos se sometiera a la legalidad que predica, la humanidad tendría menos guerras, más soberanía, más respeto y mayor posibilidad de paz duradera.