Por primera vez en la historia del país, la corrupción se reconoce como un delito autónomo, lo que permite sancionar toda conducta que afecte los bienes del Estado.

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader continuó el lunes reafirmando las acciones de su gobierno para combatir la corrupción, promover la transparencia y consolidar un Estado más ético y responsable.

En este sentido, explicó que la Procuraduría General de la República (PGR), junto con la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), trabaja en la Estrategia Nacional de Integridad Pública (ENIP), un plan que busca además fortalecer la confianza ciudadana y promover una cultura de integridad en todo el sector público.

Para estos fines se anunció la campaña “Protegiendo lo Nuestro”, que se desplegará en todas las instituciones públicas con el fin de instruir a funcionarios, empleados y ciudadanía en la prevención, detección y denuncia de actos corruptos.

Estas se realizarán de manera anónima a través del portal www.denunciaspepca.pgr.gob.do.

ENIP

La Estrategia Nacional de Integridad Pública (ENIP) se centra en cuatro pilares fundamentales: prevención de riesgos de corrupción; instituciones más abiertas, éticas y responsables; mayor transparencia con control y rendición de cuentas y cumplimiento de estándares internacionales.

A su vez se estructura en seis ejes estratégicos:

*Transparencia y Gobierno Abierto: impulso al acceso a la información, marco institucional sólido y procesos participativos apoyados en la transformación digital.

*Calidad Democrática: procesos electorales íntegros y transparentes, regulación del financiamiento político y fortalecimiento de las instituciones de control.

*Administración y Servicios Públicos: profesionalización y meritocracia, formación obligatoria en ética e integridad, cultura organizacional que fomente la denuncia segura.

*Contrataciones y Alianzas Público-Privadas (APP): procesos de compras transparentes y sostenibles, prevención de conflictos de interés e igualdad de oportunidades para proveedores.

* Control y Fiscalización de Recursos Públicos: modernización de mecanismos de control interno y externo, monitoreo con indicadores de eficiencia y transparencia y tecnología para fiscalización oportuna.

*Integridad en la Justicia y Lucha contra la Impunidad: sistema de denuncias protegido, fortalecimiento de la persecución penal, sanción a la corrupción y recuperación del patrimonio público.

Por primera vez en RD, corrupción es delito autónomo

Por primera vez en la historia del país, la corrupción se reconoce como un delito autónomo en el Código Penal (artículo 284), lo que permite sancionar toda conducta que afecte los bienes del Estado.

Delitos y sanciones

Durante sus palabras en LA Semanal con la Prensa, el jefe de Estado detalló los principales tipos penales vinculados a la corrupción administrativa y sus sanciones:

*Delitos en contrataciones públicas: otorgamiento irregular de contratos, alteración de precios, pagos por obras inexistentes, ser beneficiario de un contrato u omitir/ocultar información. Las penas incluyen de 3 a 10 años de prisión, inhabilitación en funciones públicas por un mínimo de cinco años, multas proporcionales y devolución de los fondos.

*Peculado, desfalco, concusión, prevaricación y coalición de funcionarios: estos actos conllevan sanciones de tres a diez años de prisión, inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, multas del doble de lo sustraído, pago de 20 a 60 salarios mínimos.

*Responsabilidad penal de las empresas: la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el soborno transnacional y la participación en actos de corrupción cometidos por funcionarios incluyen multas de hasta 200 salarios mínimos, prohibición de contratar con el Estado por hasta 10 años, decomiso de bienes y ganancias y cancelación de licencias.

*Enriquecimiento ilícito y omisión en declaraciones juradas: prisión de hasta 10 años, decomiso de bienes ilícitos e inhabilitación para ocupar cargos públicos y pago de 20 a 60 salarios mínimos.

*Manipulación de pagos y obras públicas, soborno, tráfico de influencias, abuso de funciones y uso indebido de información privilegiada: penas de prisión, multas, devolución del dinero y sanciones administrativas.