Santo Domingo. La campaña patriótica, turística y ambiental RD por lo Alto presentó hoy una propuesta que demuestra que los aproximadamente RD$32,000 millones estimados para los 32-35 km de la Autopista del Ámbar serían suficientes para financiar más de 400 kilómetros de carreteras turísticas estratégicas de dos y cuatro carriles que el país necesita urgentemente y que actualmente no existen o están en condiciones precarias.

Utilizando costos reales de obras ejecutadas en los últimos 10 años por el MOPC (promedio RD$65-85 millones por kilómetro en carreteras de dos carriles con rehabilitación y ampliación), la misma inversión permitiría ejecutar los siguientes corredores prioritarios identificados tanto en el Plan Nacional de Desarrollo Turístico como en los planes maestros de los clústeres turísticos:
1 Acceso definitivo Miches – Sabana de la Mar – El Seibo (nueva carretera costera de 68 km que hoy obliga a rodear el area, extendiendo el trayecto 3 horas).
2 Ampliación y reconstrucción Sabana de la Mar – Sánchez – Las Terrenas (75 km en estado crítico).
3 Carretera Montecristi – Dajabón – Loma de Cabrera (nueva variante de 82 km que conecte directamente con el futuro Puerto de Manzanillo y el turismo de frontera).
4 Circuito Barahona – Enriquillo – Pedernales (95 km, incluyendo el tramo Oviedo-Pedernales que hoy es prácticamente intransitable en temporada de lluvia).
5 Jarabacoa – Constanza – Valle Nuevo – San José de Ocoa (80 km de carretera de montaña de alta demanda turística y agrícola, hoy con tramos de tierra y asfalto deteriorado).

En total: más de 400 km de nuevas vías o rehabilitaciones estructurales que conectarían directamente los polos emergentes con los aeropuertos internacionales de Punta Cana, Las Américas, Puerto Plata, El Catey y Cabo Rojo (en construcción).

“Estos no son proyectos inventados: aparecen como prioritarios en los documentos oficiales del Mitur, el Banco Mundial, el BID y los propios clústeres turísticos desde hace más de una década. Hoy siguen sin ejecutarse por falta de presupuesto”, explicó RDPorLoAlto.

La propuesta resalta que, mientras la Autopista del Ámbar tiene un costo estimado de RD$915 millones por kilómetro, los corredores sugeridos se ejecutarían con estándares adecuados de seguridad y drenaje a un costo promedio real de entre RD$70 y RD$85 millones por kilómetro, multiplicando por 10 el impacto territorial y beneficiando directamente a cinco regiones del país en lugar de una sola.

RDPorLoAlto reitera que su objetivo es aportar una propuesta técnica objetiva y fundamentada para que las autoridades y el Congreso Nacional evalúen la mejor asignación posible de los recursos públicos, priorizando un desarrollo turístico más equitativo, sostenible y con mayor alcance social y ambiental.

La plataforma regional líder en energía e hidrocarburos destaca los vínculos económicos, energéticos y comerciales entre ambas naciones en una edición histórica

Santo Domingo, República Dominicana, lunes 1 de diciembre de 2025. EH+, la revista especializada en energía e hidrocarburos prepara una edición especial que marcará un hito en las relaciones bilaterales entre Guyana y la República Dominicana, con el presidente guyanés Irfaan Ali como figura central y portada de la publicación.

La iniciativa, respaldada por la Cámara de Comercio Binacional Dominicana–guyanesa y su presidente, Miguel Ángel González, pondrá en relieve los avances clave entre ambos países y las amplias oportunidades en sectores estratégicos como energía, agroindustria, infraestructura y comercio.

Durante un reciente encuentro en Georgetown, el presidente Ali expresó su apoyo absoluto al proyecto y subrayó la necesidad de acelerar y profundizar los vínculos bilaterales entre ambas naciones.

La revista será puesta en circulación en febrero de 2026 en Guyana, en un acto de presentación que contará con la presencia del mandatario guyanés, importantes líderes políticos de la región y personalidades e instituciones comprometidas con impulsar estas relaciones.

Una edición bilingüe para mayor alcance

La edición será producida completamente en inglés en su versión impresa, mientras que su versión digital estará disponible en español, integrando ambos idiomas para garantizar un mayor alcance regional e internacional.

La publicación ofrecerá entrevistas exclusivas con el presidente Ali, análisis especializados y reportajes sobre el auge económico de Guyana y su creciente relevancia en el hemisferio.

Idalia Cabrera Pimentel, directora general de EH+, afirmó: «Es un gran orgullo, como dominicana, que una revista de nuestro país presente en portada al presidente de una nación extranjera. Esto reafirma la credibilidad, el alcance y el nivel que ha construido EH+ en la región». La ejecutiva agregó que esta edición representa un hito para proyectar a la República Dominicana en el mapa hemisférico de inversiones.

La edición especial «Guyana–República Dominicana 2026» estará disponible en formatos impreso y digital, con el apoyo de líderes, empresas e instituciones comprometidas con fortalecer las relaciones bilaterales entre ambas naciones.

Las principales cadenas de supermercados piden suspender proceso de salvaguarda por “grave indefensión” y fallas estructurales en la investigación.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Las principales cadenas de supermercados del país elevaron un reclamo contundente ante la Comisión de Defensa Comercial (CDC): suspender de inmediato el proceso de investigación por salvaguarda a las galletas, al considerar que el expediente avanza con fallas tan profundas que se ha convertido en un procedimiento “jurídicamente insostenible” y que coloca al sector importador en un estado de indefensión incompatible con el debido proceso.

La comunicación, suscrita por Centro Cuesta Nacional, Grupo Ramos, Hipermercados Olé y Bravo, sostiene que desde el inicio de la etapa investigativa la CDC ha operado con un nivel de imprecisión y falta de información que impide evaluar adecuadamente la pertinencia de la medida solicitada por los fabricantes Molinos Modernos y Molinos Valle del Cibao.

Los importadores afirman que ni ellos ni el resto de los interesados han tenido acceso a documentos esenciales del expediente, incluidos los anexos con datos financieros, estudios de causalidad y evidencia que supuestamente sustenta el “daño grave” alegado por las empresas solicitantes, pese a que la propia Ley 1-02 obliga al organismo a proveer el expediente íntegro para su examen.

Esta ausencia, señalan, ha sido reconocida incluso por el propio Departamento de Investigación de la CDC, que admitió requerir aclaraciones adicionales a las empresas solicitantes .

La narrativa expuesta en el documento muestra que el problema es mayor que una simple falta administrativa: según los importadores, la CDC está conduciendo una investigación cuyo objeto ni siquiera ha sido debidamente delimitado.

La descripción del producto bajo análisis —galletas dulces y saladas de casi todas las variedades imaginables, industriales o producidas en masa— es, a juicio de los peticionarios, tan amplia que impide cualquier análisis serio sobre incrementos de importación, comportamiento de precios, competencia o impacto sectorial. Esa imprecisión, advierten, no solo hace imposible responder técnicamente a la investigación, sino que compromete la validez jurídica de cualquier conclusión posterior del órgano.

A esta situación se suma un elemento que los importadores califican como “crítico”: el plazo para completar los formularios exigidos por la normativa vence el 25 de noviembre, pero los elementos indispensables para llenarlos —estados financieros de las empresas solicitantes, estudios técnicos, anexos no confidenciales— nunca fueron puestos a disposición de las partes.

En otras palabras, el Estado estaría exigiendo información compleja que solo puede completarse con documentos que la propia autoridad no ha entregado. El resultado, insisten, es un bloqueo absoluto al derecho de defensa.

La preocupación expresada por el sector es que este tipo de fallas no solo afectan a las empresas involucradas, sino que ponen en riesgo la legitimidad del proceso, los derechos constitucionales de los actores económicos y, en última instancia, la seguridad jurídica del país.

Emitir una medida en estas condiciones, explican, podría vulnerar principios básicos como la igualdad ante la ley, la razonabilidad administrativa y la libertad de comercio. Más aún, podría exponer al Estado dominicano a responsabilidad patrimonial, sanciones disciplinarias y cuestionamientos internacionales.

Por todo ello, los importadores solicitan que el Pleno de Comisionados suspenda de forma urgente y temporal el procedimiento hasta que se establezca con claridad qué productos se investigan, se entregue el expediente completo con todos sus anexos —confidenciales y no confidenciales— y se ajusten los plazos a la realidad del proceso.

La petición va acompañada de un llamado a la prudencia institucional: el sector asegura que confía en que la CDC ponderará el caso con rigor jurídico y responsabilidad, pues cualquier decisión adoptada sin cumplir con las garantías mínimas del debido proceso administrativo tendría efectos económicos, sociales y reputacionales de gran alcance.

Mientras la CDC valora la medida provisional solicitada por los fabricantes —un arancel extraordinario que podría llevar los derechos de importación hasta 87.1%—, crece la presión para que el organismo revise las condiciones bajo las cuales avanza la investigación.

Para los importadores, la cuestión ya no es solo si la salvaguarda es conveniente o no, sino si el país puede permitirse una decisión de alto impacto social tomada sobre la base de un expediente incompleto y un procedimiento cuestionado desde sus cimientos.