Las asociaciones y gremios del sector turístico y gastronómico expresan su profunda preocupación por las implicaciones potenciales del proyecto de ley que propone modificar la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos No. 225-20, así como el proceso acelerado de consulta, sin la debida ponderación de aspectos que afectan el sector turismo en el ámbito del manejo de residuos sólidos.
Tras un análisis exhaustivo, hemos identificado múltiples disposiciones que podrían afectar negativamente la gestión sostenible de los residuos, la autonomía de los gobiernos locales y la competitividad del sector turismo, poniendo en riesgo sus certificaciones internacionales de sostenibilidad. Asimismo, el proyecto contraviene compromisos ambientales asumidos por el país a nivel nacional e internacional, fragmenta los esfuerzos sectoriales y genera descoordinación entre actores públicos y privados que ya están implementando soluciones conforme a la legislación vigente.
Dada la naturaleza técnica, operativa, financiera y de gobernanza de estas reformas, consideramos indispensable la apertura de espacios amplios y participativos para su análisis. En ese sentido, manifestamos con preocupación que hasta el momento no se han promovido instancias suficientemente inclusivas que permitan abordar estos temas de manera integral, tanto en el Senado como en la Comisión Especial de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, que actualmente estudia el proyecto.
A pesar de haber sido depositados sendos informes, documentos que recogen el posicionamiento oficial del sector empresarial frente al proyecto de modificación, no se ha brindado un espacio amplio para conocer y entender cada una de las observaciones vertidas y por demás no han sido tomadas en consideración la redacción aprobada por la Cámara de Diputados el día de ayer.
Asimismo, consideramos relevante destacar el “Informe público de recomendaciones sobre el proyecto de ley que modifica la Ley Núm. 225-20 sobre gestión integral y coprocesamiento de residuos sólidos”, presentado por ProCompetencia. Dicho informe plantea preocupaciones legítimas sobre posibles riesgos de concentración de mercado y afectaciones al principio constitucional de libertad de empresa, entre otros aspectos que deben ser cuidadosamente evaluados en el proceso legislativo. A nuestro entender, la redacción aprobada mantiene las falencias constitucionales levantadas en el referido informe, al mantener las limitaciones para la instalación de plantas de tratamiento, rellenos sanitarios y la imposibilidad de utilizar a más de un gestor para el proceso de gestión de residuos.
Advertimos que disposiciones como la prohibición a los ayuntamientos de autorizar nuevos rellenos sanitarios, y la centralización de su control en un fideicomiso, resultan inconstitucionales al contravenir tanto la Ley 176-07 como la Constitución de la República Dominicana. Estas medidas restringen la autonomía municipal y crean condiciones que favorecen escenarios de monopolio.
La propuesta de incrementar las contribuciones especiales en función de los ingresos empresariales brutos, sin contar con estudios técnicos y financieros que la respalden, impactaría de forma desproporcionada a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) turísticas como es el caso de agencias de viajes, restaurantes y pequeños hoteles. Este esquema, lejos de incentivar la reducción de residuos, penaliza a quienes generan menos y restringe los recursos disponibles para invertir en iniciativas sostenibles.
Consideramos que este proyecto representa un riesgo sustantivo para los avances estratégicos ya alcanzados y podría comprometer el posicionamiento del país en los ámbitos ambiental, económico y social. En ese contexto, destacamos cinco alertas prioritarias que requieren atención urgente:
- Retroceso en sostenibilidad y pérdida de liderazgo climático internacional. El proyecto desconecta al país de instrumentos clave como la taxonomía verde, los bonos temáticos y el financiamiento climático, debilitando su alineación con el Acuerdo de París, el Tratado Mundial en contra de la Contaminación de Plástico, las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) y los marcos ESG. Esto compromete tanto los compromisos ambientales como la credibilidad internacional del país en materia de acción climática.
- Riesgo para ecosistemas colaborativos e inversiones ya realizadas. Las modificaciones propuestas ponen en peligro importantes inversiones privadas desarrolladas bajo la ley vigente, así como iniciativas innovadoras reconocidas a nivel nacional e internacional.
- Aumento de cargas fiscales sin justificación técnica ni mejora operativa. El anteproyecto introduce incrementos tributarios sin estudios técnicos que los respalden, y sin aplicación efectiva del principio de “quien contamina paga”. Esto impone cargas desproporcionadas al sector productivo, sin ofrecer garantías de mejora en trazabilidad o control ambiental.
- Fragmentación institucional y debilitamiento del marco normativo. En lugar de fortalecer la gobernanza, el nuevo texto genera duplicidades, descoordinación entre actores clave y confusión normativa. Esto obstaculiza la implementación de políticas públicas eficaces y pone en riesgo los avances ya logrados.
- Impacto en el presupuesto nacional. Sin tener un estudio de impacto en la economía nacional, dispone una pignoración al presupuesto nacional, en adición a la contribución de las empresas para el manejo de residuos sólidos.
Hacemos un llamado a las autoridades y legisladores a construir sobre los logros de la Ley 225-20 vigente, revisando técnicamente los aspectos que generan preocupación, sin desmontar lo que ha demostrado funcionar. Solo así se podrá garantizar una legislación que impulse verdaderamente la sostenibilidad, el desarrollo local y la competitividad nacional, en consonancia con las metas estratégicas del Gobierno Dominicano.
