Por Wilson Rodríguez
La mal llamada “justicia independiente” ha demostrado, hasta ahora, una docilidad preocupante en el caso del colapso de la discoteca Jet Set. A un año de la tragedia —la peor en la historia de la República Dominicana—, los afectados siguen esperando respuestas con desesperación, mientras algunos familiares logran acuerdos económicos con los acusados y el grueso de las víctimas permanece en la incertidumbre.
El 8 de abril de 2025, el techo de la Jet Set se derrumbó durante un concierto, cobrando la vida de 236 personas, dejando más de 100 heridos y cientos de niños en la orfandad. Fue una noche que empezó en celebración y terminó en catástrofe nacional. Hoy, cuando se cumple el primer aniversario, no hay una sola condena firme.
Los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del establecimiento, enfrentan el proceso penal por homicidio involuntario y lesiones. El expediente es claro: agravaron la responsabilidad al sobrecargar la estructura del techo con equipos de climatización de gran volumen y tinacos de agua, sin realizar los estudios técnicos necesarios que garantizaran la resistencia del edificio. Ignoraron, además, advertencias internas sobre el deterioro del techo, priorizando el ahorro económico por encima de la seguridad de cientos de personas.
El pasado 6 de abril, el Ministerio Público presentó formalmente la acusación y solicitó la apertura a juicio. El juez Raymundo Mejía recesó la audiencia y la fijó para el próximo 20 de abril de 2026, con el objetivo de que los 141 querellantes concreten sus pretensiones civiles. Es decir, un año después de la tragedia, el caso sigue en fase preliminar, con aplazamientos sucesivos que desgastan la paciencia de las familias.
Esta lentitud no es neutral. Cada receso, cada trámite dilatado, prolonga el dolor de quienes perdieron a sus seres queridos y genera la percepción legítima de que la justicia opera con dos velocidades: una para los poderosos y otra para las víctimas.
Los acuerdos económicos privados que algunos han alcanzado no sustituyen la responsabilidad penal ni el derecho a la verdad y la reparación integral que corresponde al Estado garantizar.
La sociedad dominicana merece una justicia que no sea dócil ni débil. Exige que se determinen responsabilidades claras, que se apliquen las sanciones correspondientes y que hechos de esta magnitud no queden impunes ni se resuelvan solo con indemnizaciones negociadas al margen del proceso penal.
La memoria de las 236 víctimas y el sufrimiento de los sobrevivientes y sus familias demandan celeridad, rigor y firmeza.
Un año después, la pregunta sigue abierta y duele: ¿hasta cuándo la “justicia independiente” seguirá siendo tan predeciblemente lenta cuando los imputados tienen recursos y conexiones? El tiempo apremia. Las familias no pueden seguir esperando eternamente mientras el caso se enfría en los pasillos de los tribunales. Justicia pronta y cumplida no es un favor, es una obligación.
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El autor es periodista, analista de comunicación y deportivo
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