San Salvador (EFE).- El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, aseguró este martes que la tasa de homicidios en El Salvador en 2024 será «aún más baja» que la registrada el año pasado, después de que la empresa Statista situó al país centroamericano como el más seguro de Latinoamérica en 2023 tras llegar a ser uno de los más violentos.
Bukele reaccionó así en un mensaje en la red social X a una publicación de este portal de estadística en línea, en la que se señala que El Salvador cerró 2023 con una tasa de 2,4 asesinatos por cada 100.000 habitantes, «en el último lugar de la tabla», como remarcó el mandatario, mientras que en el otro extremo situó a Jamaica, con 60,9.
«ALERTA DE SPOILER: La tasa de homicidios para el 2024 lleva una tendencia aún más a la baja», publicó el mandatario en un mensaje en español e inglés.
La Policía confirma que la tasa de homicidios en 2023 por cada 100.000 habitantes fue de 2,4 e indica que el promedio diario de muertes fue de 0,4.
Las autoridades salvadoreñas atribuyen la baja en los homicidios durante el Gobierno del presidente Bukele a su Plan Control Territorial y a la suspensión de garantías constitucionales mediante un régimen de excepción, que cumplirá dos años de vigencia y que ha dejado más de 78.100 detenciones.
No obstante, la cantidad de muertes violentas en el país centroamericano comenzó a descender después de 2015, año que se colocó como el más violento en la historia reciente salvadoreña con 103 homicidios por cada 100.000 habitantes, y la caída se acentuó en 2019, cuando comenzó la administración de Bukele.
El régimen de excepción, que también le ha elevado la popularidad a Bukele, fue aprobado en el Congreso, de amplia mayoría oficialista, tras una escalada de asesinatos en marzo de 2022 que se cobró la vida de 80 personas en tres días y fue atribuida a las pandillas.
Una investigación del medio local El Faro señala que esta alza se dio tras la ruptura de un supuesto pacto entre el Gobierno y las maras.
En las estadísticas gubernamentales no se incluyen muertes de supuestos pandilleros en enfrentamientos con policías, osamentas y muertes de supuestos delincuentes a manos de ciudadanos, casos que sí se incluían en las cifras de los Gobiernos anteriores.