El proyecto Romero de Goldquest Mining Corp. en San Juan plantea riesgos para el agua, la agricultura y la seguridad alimentaria de República Dominicana.
Por Melvinson Almánzar
En San Juan de la Maguana no se discute únicamente un proyecto minero. Se discute, en términos reales, el modelo de desarrollo de la República Dominicana: uno basado en la explotación intensiva de recursos por tiempo limitado, o uno que preserve su capacidad productiva agrícola y su seguridad hídrica a largo plazo.
El proyecto Romero de Goldquest Mining Corp. en San Juan de la Maguana contempla una mina subterránea con una vida útil estimada de 8 años, con una capacidad de procesamiento de aproximadamente 2,800 toneladas por día y una producción promedio anual de 109,000 onzas equivalentes de oro.
Según su estudio de prefactibilidad, el proyecto proyecta un valor presente neto (NPV) de US$203 millones y una tasa interna de retorno de 28%, con una inversión inicial cercana a US$158.6 millones. En términos de reservas, se estiman alrededor de 7.03 millones de toneladas, que contienen unos 840,000 onzas de oro, 980,000 onzas de plata y 136 millones de libras de cobre.
En el plano social y territorial, la propia empresa proyecta la generación de más de 3,000 empleos directos e indirectos, mientras que el yacimiento se ubica en la Cordillera Central, dentro de una concesión de casi 3,997 hectáreas, en una zona clave para los recursos hídricos del país. Sin embargo, el proyecto también ha generado preocupación porque se sitúa entre 900 y 1,000 metros sobre el nivel del mar, en la cabecera de cuencas que alimentan ríos y presas como Sabaneta, lo que implica riesgos potenciales sobre el agua que sostiene la agricultura y a miles de comunidades en la región.
Una empresa pequeña para un riesgo grande
A diferencia de grandes multinacionales mineras con décadas de operaciones en múltiples continentes, Goldquest es una empresa de menor escala, con experiencia limitada en la explotación de minas de alto impacto. Su principal activo es precisamente el proyecto en San Juan, lo que convierte esta iniciativa no en una expansión de operaciones consolidadas, sino en una apuesta central de su modelo de negocio.
Esto introduce un elemento crítico: cuando una empresa depende de un solo proyecto, la presión financiera para ejecutarlo puede superar las garantías ambientales y sociales.
El contraste brutal: 10 años vs siglos
San Juan no es cualquier territorio. Es una de las zonas agrícolas más importantes del país, conocida como el “granero del sur”. Allí se producen alimentos esenciales como arroz, maíz, habichuelas y otros rubros que inciden directamente en la dieta nacional.
Según estimaciones de organizaciones sociales y ambientales, más de 800,000 personas dependen de los sistemas hídricos de la Cordillera Central. Esta dependencia no es menor: se trata de comunidades enteras cuya vida cotidiana, producción agrícola y acceso al agua potable están directamente vinculados a este ecosistema.
Asimismo, la región aporta una parte significativa de la producción nacional de leguminosas y cereales, consolidándose como un eje clave para la seguridad alimentaria del país. A esto se suma que la actividad agrícola genera miles de empleos directos e indirectos, sosteniendo la economía local y evitando la migración forzada hacia zonas urbanas.
Frente a esa realidad, el proyecto Romero ofrece entre 8 y 10 años de extracción minera, con un impacto económico concentrado y temporal. Se trata de una actividad intensiva que, por su propia naturaleza, tiene fecha de caducidad desde su inicio.
A esto se agregan riesgos ambientales que pueden extenderse por décadas, incluso después del cierre de la mina, afectando suelos, fuentes de agua y la capacidad productiva de la zona.
No es un intercambio proporcional. Es, en esencia, cambiar sostenibilidad por rentabilidad inmediata.
El precedente incómodo de Barrick Gold
Quienes defienden la minería suelen argumentar que la tecnología moderna reduce los riesgos. Sin embargo, la experiencia dominicana con la mina Pueblo Viejo desmonta esa narrativa simplista. En sus primeros años de operación, Barrick Gold enfrentó conflictos sociales con comunidades, cuestionamientos sobre el uso y manejo del agua, denuncias sobre impactos ambientales y una presión pública sostenida que terminó llevando a la renegociación del contrato con el Estado. Todo esto ocurrió, además, bajo la gestión de una de las empresas más grandes y experimentadas del mundo en la industria minera.
A este escenario se suma un dato que rara vez se menciona en el debate público: la minería metálica genera volúmenes extraordinarios de desechos. Por cada kilo de oro extraído, se pueden producir hasta 1,000 toneladas de residuos en determinados procesos, lo que evidencia la magnitud del impacto potencial sobre el entorno. La pregunta es inevitable: si una empresa con décadas de experiencia ha enfrentado este tipo de dificultades, ¿qué garantías reales puede ofrecer una compañía mucho más pequeña?
Agua: el verdadero oro en disputa
El proyecto Romero se ubica en una zona estratégica de la Cordillera Central, donde nacen importantes cuencas hidrográficas. Esta localización, lejos de ser un detalle técnico, es el núcleo del debate, ya que coloca la actividad minera en el corazón mismo del sistema que abastece de agua a gran parte del sur del país.
El riesgo no es abstracto ni hipotético. Implica la posible alteración de acuíferos subterráneos, filtraciones de materiales derivados del proceso minero y efectos acumulativos en los sistemas de riego que sostienen la producción agrícola de la región. Estos impactos, aunque puedan parecer graduales, tienen la capacidad de transformar de manera irreversible el equilibrio hídrico.
El agua no es solo un recurso ambiental; es la base de la producción agrícola. Sin agua, no hay alimentos. Y sin alimentos, no hay estabilidad social.
Una ecuación económica cuestionable
El argumento económico a favor de la minería suele centrarse en la inversión extranjera, la generación de empleos y el aumento de las exportaciones. Sin embargo, ese análisis deja fuera variables críticas que resultan determinantes al evaluar el impacto real de este tipo de proyectos en el país.
La agricultura, por ejemplo, genera ingresos sostenidos en el tiempo, mantiene encadenamientos productivos locales y garantiza estabilidad económica a largo plazo. En contraste, la minería produce ingresos concentrados y finitos, atados a la vida útil del yacimiento, que en muchos casos no supera una década.
A esto se suma un elemento clave: los costos ambientales. Históricamente, estos no son asumidos en su totalidad por las empresas, sino que terminan recayendo sobre el Estado y, en consecuencia, sobre la sociedad, especialmente cuando los impactos se manifiestan años después del cierre de las operaciones.
En términos simples, la minería extrae valor y se retira. La agricultura, en cambio, crea valor de manera continua y permanece como base de la economía y la seguridad alimentaria.
El riesgo de repetir la historia
La República Dominicana ya ha vivido procesos donde la promesa de desarrollo rápido ha dejado consecuencias complejas. La historia de la minería en el país, y en toda América Latina, está llena de casos donde los beneficios proyectados no compensan los daños generados.
Permitir que una empresa con limitada experiencia internacional opere en una de las zonas más sensibles del país no es una decisión técnica. Es una decisión política con consecuencias generacionales.
El proyecto de Goldquest Mining Corp. no puede evaluarse únicamente por su potencial económico inmediato. Debe analizarse en función de lo que pone en juego: agua, alimentos y estabilidad territorial. Cambiar una economía agrícola sostenible por un proyecto extractivo de menos de una década no es desarrollo; es una apuesta de alto riesgo con beneficios de corto plazo y posibles costos permanentes.
San Juan no necesita convertirse en un experimento minero. San Juan ya es, desde hace décadas, uno de los pilares de la seguridad alimentaria nacional.
